Nota de prensa
La Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio del Ambiente y las autoridades ambientales de cada sector establecer, con urgencia, criterios para la evaluación de los planes de participación ciudadana a aplicar en el marco de la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de inversión durante la pandemia originada por el COVID-19. Ello, con el fin de garantizar el mayor acceso posible de la población a los medios elegidos, así como la protección de su salud.
Según la información recogida por la institución, durante el estado de emergencia sanitaria se habría dispuesto la implementación de mecanismos de participación ciudadana, a través de determinados medios virtuales u electrónicos, pese a que, en algunos casos, existe un acceso limitado debido a la baja conectividad digital.
Ante ello, a través del Informe de Adjuntía “Participación Ciudadana Ambiental en Tiempos de COVID-19”, la Defensoría del Pueblo planteó que los criterios para la evaluación de los planes de participación ciudadana deben generar predictibilidad y certeza, además de contemplar el nivel de acceso de la población a los medios de comunicación elegidos y a los equipos electrónicos necesarios para ello, así como sus habilidades digitales para un correcto uso.
Así, por ejemplo, tras revisar 9 planes de participación ciudadana aprobados o modificados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entre el 22 de mayo y el 2 de agosto, se detectó que, a pesar de haber previsto el uso de la telefonía móvil, del servicio del internet y de la radio para la realización de los mecanismos de participación ciudadana, no en todos los casos se habría evaluado el nivel de acceso a estos medios.
Otro hallazgo importante de la institución es que, durante la pandemia, se aprobó la implementación de un mecanismo de participación ciudadana en forma presencial, pese a no existir protocolos sanitarios específicos para prevenir el contagio del COVID-19 y sin considerar información sobre las zonas de mayor contagio ni de la población vulnerable o con factores de riesgo.
Por este motivo, a través del citado informe, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades ambientales y al Ministerio del Ambiente disponer que, en estos casos, se considere la opinión de la autoridad de salud correspondiente durante la pandemia por COVID-19, y la aprobación de protocolos, a fin de evitar el contagio entre la población y las autoridades participantes,
De otro lado, la institución advirtió que apenas 2 de los 13 sectores cuentan con un Reglamento de Participación Ciudadana actualizado o aprobado en concordancia con el marco normativo vigente, y que, algunos sectores que han regulado este derecho, han contemplado mecanismos meramente informativos como si fueran mecanismos de participación ciudadana. Frente a ello, a través del mencionado informe, se demandó a los ministerios correspondientes corregir esta situación, bajo el acompañamiento del Ministerio del Ambiente.
Atendiendo ese contexto, nuevamente insistió en la importancia de que el Congreso de la República apruebe, con el mayor debate posible, el Acuerdo de Escazú y priorice un amplio diálogo orientado a la búsqueda de consenso y, con ello, lograr el fortalecimiento de nuestro marco normativo interno en la defensa del derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales.
Cabe recordar que, el Perú presenta una alta tasa de conflictividad socioambiental, que alcanza casi al 70 % del total de conflictos sociales activos, lo que evidencia la urgente necesidad de que el Estado peruano priorice la adopción de medidas destinadas a mejorar los procesos de participación ciudadana, a fin de propiciar una cultura de diálogo y paz en el marco de la ejecución de proyectos de inversión.
Para leer el Informe de Adjuntía “Participación Ciudadana Ambiental en Tiempos de COVID-19”, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/INFORME-DE-ADJUNTIA-N%C2%B0-003-2020-DP-AMASPPI.MA-1.pdf
