Fuente: Defensoría del Pueblo
- No se conoce estrategia sanitaria para enfrentar el brote del COVID-19 en los Centros Juveniles.
- El quiebre del orden en Centro Juvenil de Chiclayo ha provocado daños en su infraestructura.
Lima, 21 de abril de 2020.- La Defensoría del Pueblo, desde el 2018, ha señalado la necesidad de declarar en emergencia el sistema nacional de reinserción social de las y los adolescentes infractores en conflicto con la ley penal, en atención a la crítica situación que atraviesan los centros juveniles.
Si bien desde el 2019, los centros juveniles pasaron a ser administrados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; a la fecha, no ha sido posible advertir mejoras relevantes en la atención a las y los adolescentes infractores.
Esta situación crítica se agudiza con el brote del COVID-19 en el Perú, ya que, además del hacinamiento y deterioro de las infraestructuras, encuentra un sistema de salud empobrecido en la mayoría de centros, debido a la falta de equipamiento médico, medicinas y carencia de profesionales de la salud, requiriendo por ende la adopción de medidas urgentes por parte del Estado.
Como consecuencia a la falta de atención a las necesidades de los centros juveniles, hoy, nos encontramos frente a espacios que no cumplen lo dispuesto por la Constitución y compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de las y los adolescentes privados de libertad, especialmente, vulneran las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño e incumplen las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño exhortó en marzo de 2016, generando ello responsabilidad al Estado Peruano en su conjunto.
Esta situación impacta de manera negativa en el tratamiento de las y los adolescentes infractores, produciéndose al interior de estos establecimientos, situaciones que ponen en grave riesgo su seguridad y atentan contra el principio de autoridad; como prueba de ello, nos referimos al motín ocurrido el 20 de abril en el Centro Juvenil de Lambayeque, que si bien, no ocasionó muertos o heridos graves, pero ha propiciado fugas de adolescentes. Entonces, ahora nos convoca nuevamente a exigir el cumplimiento de la obligación que mantiene el Estado peruano con dicha población, alcanzando también al personal custodio.
En este sentido, reiteramos la necesidad de declarar en emergencia el sistema nacional de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, así como incluirlo en el “Plan Nacional de preparación y respuesta frente al riesgo de introducción del coronavirus 2019-nCoV”.
