En los próximos días se vence el plazo establecido de 60 días calendarios desde el día siguiente de la publicación del DS 150-2020-PCM (El Peruano, domingo 13 de setiembre 2020) que declara en Estado de Emergencia en los distritos de Iquitos, Alto Nanay, Punchana, Belén y San Juan Bautista (…), por peligro inminente ante la contaminación hídrica del río Nanaypara la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación, en caso corresponda. Estimaciones cuentan alrededor de 100 pequedragas operativas en la cuenca del río Nanay, con un estimado de valor de producción de s/7 mil millones al añocreándoseun nuevo mapa de poder económicodelictivo y en su alrededor una trama compleja de corrupción para mantener activo esta actividad ilegal que ya tiene no menos de 15 años posesionada en la zona.
Desde la publicación de la norma legal, con un plazo de acción de intervención conjunta de 60díascalendariospara que las instancias involucradasactúen,de manera concertada y planificada, para destruir una actividad que tiene muchas ramificaciones y que va más allá de destruir unidades artesanales de extracción del oro aluvial, cuyo efecto directo es la contaminación irreversible de las aguas del Nanay. Sin embargo, se registran dos intervenciones (22 de setiembre y 15 de octubre 2020) de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto (FEMA) en coordinación con las fuerzas armadas destruyendo en conjunto tres (3) pequedragas, así como de insumos y materiales (como motores de succión y gasolina, por ejemplo) con un valor aproximado de us$ 3 mil y ningún persona extranjera detenida y señalada como financistas de esta actividad delictiva, que aún siguen operando con total impunidad con el apoyo y con el resguardo de ciertas poblaciones locales que reciben un canon mineropor mantenersey operaren la zona.
Falta exactamente cuatro (4) días calendarios (14 de noviembre 2020) para que el plazo de vigencia de la ley se extinga, y los resultados, a raíz de las publicaciones periodísticas desde la fecha de vigencia de la referida norma, no se avanzó en nada para recuperar la zona y liberarlos de esta actividad delictiva que ha generado, a lo largo del tiempo, una dinámica económica (como generar empleo y circulación de efectivo) que el propio estado es incapaz de generarlos en una zona potencialmente rica en recursos naturales (como la creación de pequeños negocios de artesanía utilizando fibras vegetales y madera no comercial) y atractivos paisajes para la explotación del turismo rural en alianza con las comunidades locales. Este espacio ocupado ahora por la minería ilegal no se va detener con interdicciones esporádicas (FEMA y DECAPI) y de pequeña escala en términos de evaluar resultados, requiere de una estrategia mejor planificada e intersectorial focalizada para devolver la tranquilidad de la zona, en un esquema de intervención donde el empleo digno para disminuir la desigualdad, se encuentre por encima de cualquier otra opción puesta en papel.
