Nota de prensa
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno exigió que la Junta de Fiscales Superiores de Puno y la Oficina Regional Altiplano Puno inicien una investigación, de acuerdo a sus funciones, sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por el personal administrativo del Establecimiento Penitenciario de Puno en agravio de los internos que están bajo su custodia, durante el actual estado de emergencia sanitaria.
A través de los medios de comunicación, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, tomó conocimiento de una denuncia sobre supuestos cobros irregulares y maltratos, que involucrarían al director del penal. “En la denuncia se manifiesta que esta autoridad habría solicitado la suma de S/ 2000 a cambio de presentar requisitos al Poder Judicial, para que un interno acceda a beneficios penitenciarios de semilibertad o liberación condicional”, manifestó.
Ante esta grave denuncia, la oficina defensorial dio a conocer, mediante oficio, a la Fiscalía de turno y demandó el inicio de las acciones de investigación y demás medidas conducentes al esclarecimiento de los hechos, y de corresponder, impulsar la acción penal contra los funcionarios que resulten responsables.
Asimismo, la institución pidió que la Oficina Regional Altiplano Puno disponga que, a través de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario o la oficina pertinente, se inicien las acciones de investigación correspondientes y se determine o se descarte la responsabilidad, y de ser el caso, impongan las sanciones a las que haya lugar.
La entidad recuerda que, de acuerdo a las normas recientes, se debe combatir el hacinamiento penitenciario, mediante el otorgamiento de gracias presidenciales, beneficios penitenciarios, entre otros mecanismos procesales. Además, se hace hincapié en que estos trámites son gratuitos y deben ser impulsados de oficio por la autoridad penitenciaria, sin condicionamiento alguno de pago, para el inicio de las evaluaciones de las/os posibles beneficiarias/os.
Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo ha venido realizando constantes supervisiones a los establecimientos penitenciarios y centros juveniles del país, con la finalidad de corregir situaciones que puedan vulnerar los derechos de las personas privadas de libertad durante la pandemia. En ese sentido, se presentó el informe especial “Situación de las personas privadas de libertad a propósito de la declaratoria de emergencia sanitaria: Medidas para reducir el hacinamiento en el sistema penitenciario frente a la emergencia generada por el COVID-19”.
Se puede descargar el informe especial en el siguiente enlace:
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Serie-de-Informes-Especiales-N%C2%BA-008-2020-DP.pdf
