RCR, 22 de junio de 2026.- Tras más de 50 días de bloqueos de carreteras y violentas protestas sociales en su contra, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz declaró este sábado el estado de emergencia en el país altiplánico. Al respecto, el analista político boliviano, Guido Capra, sostiene que detrás de la crisis hay una serie de grupos violentos, entre ellos el narcoterrorismo, que no quieren perder su poder.

«Ha sido un ataque de fuerzas de corporaciones mafiosas no solamente contra un gobierno, sino contra el individuo. En los últimos 50 días, el ciudadano ha vivido violencia, no solamente violencia física, sino psicológica de parte de corporaciones que han crecido amparadas en el poder de un Estado corporativo, socialista en los últimos 20 años. Han fallecido 20 personas, entre ellos niños. El hombre de a pie, la mujer de a pie no puede conseguir alimentos de forma libre y si los consigue, los consigue a precios multiplicados por cinco», declaró Capra en la Red de Comunicación Regional (RCR).

El analista precisó que detrás de los bloqueos no actúa un solo actor sino una red de grupos criminales articulados. «Es una gama de grupos violentos: está el narcoterrorismo, ubicado geográficamente en la zona del Chapare y comandado por el expresidente Evo Morales, pero también existen otros grupos delincuenciales que han sido protegidos por un Estado corrupto: los contrabandistas, los traficantes de automóviles robados, las corporaciones que se encargaban de la trata y tráfico de personas, del tráfico de marihuana en lo que se conoce como México chico», sostuvo.

Capra subrayó que el objetivo común de estas organizaciones es preservar la impunidad que acumularon durante dos décadas. «Es una serie de grupos que no quieren perder su poder, que no quieren dejar que las libertades y la ley se aplique a todos. Son grupos violentos que están amenazando al ciudadano y contra ellos no hay diálogo que valga».

La fuerza como única respuesta

El analista respaldó la decisión del presidente Paz y advirtió que la negociación con estos sectores está descartada. «Ya era hora que Paz Pereira tome una medida de fuerza y no solamente de diálogo, porque el diálogo funciona con grupos que quieren dialogar. Estos grupos no quieren dialogar, estos quieren la guerra», señaló.

Explicó que el estado de emergencia habilita al Estado para despejar vías bloqueadas y actuar contra los grupos armados que han exhibido sus armas públicamente en televisión y redes sociales. «El Estado ahora tiene luz verde para aplicar la fuerza, tomar presos y juzgar a estos grupos de individuos que quieren la violencia», precisó.

Aclaró que las medidas de excepción no restringen los derechos de la población. «Las libertades de movimiento y de reunión no han sido conculcadas, no han sido limitadas. Las personas van a poder moverse, reunirse. Este tipo de medidas van a estar enfocadas hacia aquellos grupos que están violentando las libertades ciudadanas», indicó.

Según el analista, la población boliviana exigía al gobierno una respuesta proporcional a la violencia ejercida por estas corporaciones criminales, que operaron durante años bajo la protección de un Estado que las toleró y las alimentó.