RCR, 12 de agosto de 2026.- La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) enfrenta un clima de incertidumbre y preocupación ante una eventual reestructuración de la entidad, que podría implicar una reducción de personal y afectar los derechos laborales de al menos 300 trabajadores.
“Estamos en una situación de alerta e incertidumbre porque esa supuesta reorganización o reestructuración que se menciona no sabemos, en realidad, cuál es la dimensión o cuáles son los parámetros que va a comprender. Esto sí preocupa a los trabajadores de las instituciones públicas y, en este caso, de la Sunafil”, afirmó Luis Alberto Rosales Vargas, secretario general del Sindicato Nacional de la Sunafil, en Red de Comunicación Regional (RCR) sobre los problemas del ente rector que supervisa las normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo.
Temor por reducción de plazas
Rosales expresó su preocupación por los trabajadores contratados bajo el régimen CAS, particularmente por aquellos que tienen contratos transitorios. “Los más vulnerables son los compañeros CAS transitorios”, afirmó. Actualmente, existen aproximadamente 300 trabajadores bajo esta modalidad a nivel nacional, cuyos contratos son renovados mensualmente o cada dos meses.
Recordó que, tras el término del periodo del anterior gobierno, varios trabajadores CAS transitorios no obtuvieron la renovación de sus contratos y quedaron fuera de la Sunafil.
Derechos laborales pendientes
A esta preocupación se suma la situación de los derechos laborales adquiridos mediante convenios colectivos y laudos arbitrales, tanto de los trabajadores del régimen 728 como de quienes pertenecen al régimen CAS.
En particular, manifestó su preocupación por el pago de gratificaciones y otros beneficios para los trabajadores CAS. “Consideramos que la Sunafil cuenta con recursos a partir del año 2027 para poder solventar esos gastos económicos y hacer efectivo tanto el pago de las gratificaciones como otros beneficios que le corresponden a los trabajadores CAS”, sostuvo.
El caso de los inspectores
Otro problema que, según el dirigente sindical, impacta en la capacidad de fiscalización laboral es el vencimiento, en julio de 2026, del plazo temporal establecido por la Ley 3814, que permitió a la Sunafil asumir durante ocho años funciones y competencias para fiscalizar a las microempresas.
Rosales explicó que, al concluir ese periodo, los inspectores que habían sido trasladados desde los gobiernos regionales tuvieron que retornar a sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, afirmó que estos gobiernos no habían implementado las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del sistema inspectivo. “Cuando estos retornan, se han dado con la sorpresa de que, uno, no pueden ejercer las funciones inspectivas porque el sistema inspectivo no se ha implementado en los gobiernos regionales”, declaró. Añadió que, en algunos casos, como en la región Lima, los inspectores tampoco fueron recibidos debido a la falta de presupuesto.
Esta situación, advirtió, termina trasladando una mayor presión al sistema nacional de inspección laboral, que ya enfrenta una elevada carga de trabajo. “La situación tanto del personal inspectivo de los gobiernos regionales como de los trabajadores debilita definitivamente el sistema inspectivo, porque no solo tenemos una carga de trabajo en la fiscalización laboral, sino que esta también se traslada a todo el procedimiento sancionador, que involucra a otras áreas del sistema de inspección del trabajo. Entonces, esa carga continúa”, aseveró.
Ante este escenario, el secretario general del Sindicato Nacional de la Sunafil solicitó reuniones con el ministro de Trabajo, Juan Sheput, y con la nueva superintendente de la Sunafil, Evelyn Coloma. Rosales señaló que, hasta el momento, no han recibido confirmación sobre la fecha y hora de ambos encuentros.
