RCR, 17 de Noviembre 2020 .- José Eleuterio Llontop Vigil, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, dijo que la crisis política agrava la crisis económica y social de todo el país y en especial a las regiones de la Amazonía. También enfatizó que todas las instituciones del Estado están corroídas por la corrupción, principalmente en las adquisiciones, donde siempre existe concertación en las licitaciones.
“Hay una gran preocupación porque se acrecenta la crisis social, económica y política. El clima enrarecido en la política ha conllevado a tener grandes problemas en el sector empresarial. El empobrecimiento se ha incrementado en las regiones amazónicas porque lejos de mirar un horizonte de desarrollo, tenemos una visión cortoplacista que no avizora un horizonte para mejorar el aparato productivo”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“Hemos tenido una reunión virtual con el vicecontralor general de la República y le hemos dicho claramente que todas las instituciones del Estado tienen problemas de corrupción y que nos señale una sola institución del Estado en el Perú que sea un modelo o ejemplo de lucha contra la corrupción, donde haya transparencia y honestidad. No hemos tenido respuesta”, señaló.
Subrayó que “en todas las instituciones existen los Órganos de Control Interno (OCI), que no funcionan”. “En las adquisiciones del Estado y en las convocatorias para las diferentes obras existe concertación, no en el proceso, que lo único que hace es validar toda la corrupción en la elaboración de las bases”, precisó. “Como cámara hemos advertido en diferentes ocasiones a los exministros de todos estos tipos de problemas que existen e incluso planteamos en su momento que haya algunas modificaciones y algunas propuestas de enmienda dentro del proceso de descentralización”, expresó.
Sin regionalización firme
Manifestó que “todavía no tenemos una regionalización firme, tenemos gobiernos regionales que han reemplazado a la estructura administrativa y económica de los departamentos”. “Cuando iniciamos el Consejo Nacional de Descentralización, tenía de alguna manera un espacio en el Consejo de Ministros. Luego, el gobierno aprista de Alan García tuvo la idea de cambiar y ponerlo como apéndice de la PCM y desde ahí ha empezado a tener una gran debilidad este proceso”, apuntó.
“Existe la derivación de muchos recursos económicos sin proyectos que impliquen un desarrollo dentro de la región. En Ucayali tenemos recursos del tesoro público, recursos del canon por explotación de hidrocarbur, canon del gas, sobrecanon de hidrocarburos por Loreto. Sin embargo, a pesar que las normas establecen que esos recursos deben invertirse en proyectos productivos y de infraestructura, no se da”, observó.
Reveló que “el presupuesto participativo que plantean los gobiernos regionales y locales se hacen en función de determinaciones políticas, porque admiten la presencia de instituciones que no son representativas y que se quedan circunstancialmente para llevar adelante ese proceso”. “Los consejos de coordinación regional no tienen la debida convocatoria ni el peso que esto debería tener para plantear proyectos de envergadura y de importancia para el desarrollo”, dijo.
“Como cámara hemos insistido para estar en el consejo de coordinación regional y de presupuesto participativo. Por lo menos, este año no va a haber presupuesto participativo. Cuando se ha iniciado el tema de la pandemia del COVID-19, propusimos a Susalud que haya una atención adecuada para los establecimientos públicos y privados de salud en la región y no tuvimos eco”, puntualizó.
“Tenemos, en educación, grandísimos problemas. A setiembre de este año, en el comando COVID la directora regional de educación manifestó que había muchos estudiantes que no habían sido matriculados y profesores que estaban recibiendo su pago mensual y no habían ido a los lugares alejados que tenemos aquí en la Amazonía para dictar sus clases o por lo menos hacer las clases de forma virtual. En la Amazonia no se cumple la ley 27037, que se dio hace 22 años, que establece responsabilidades del sector público y privado”, remarcó.
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