- La confrontación y el conflicto eran inevitables.
El 9 de noviembre del 2020 se aprobó en el Congreso de la República –con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones– la vacancia del presidente Martín Vizcarra, por incapacidad moral permanente. El día 10, según la línea de sucesión que manda la Constitución Política, debido a la ausencia de vicepresidente, asumió la presidencia de la República Manuel Merino, presidente del Congreso. De esa manera empezó el Gobierno de transición, que tiene la misión de cumplir el cronograma electoral, la lucha contra la pandemia y la reactivación económica, entre otros aspectos urgentes.
El día 11 juramentó el nuevo primer ministro, Ántero Flores-Aráoz; y un día después, el 12 de noviembre, todos los demás ministros. En escasos cuatro días, y en modo progresivo, el nuevo Gobierno ha quedado constituido. El presidente vacado y los cuatro partidos aliados que lo sustentaban han declarado la inconstitucionalidad de la vacancia y han realizado llamamientos para la protesta y la desobediencia civil. Según su argumentación, a pesar de reconocer los presuntos delitos reiterados de corrupción del expresidente, debería ser juzgado y sancionado luego de terminar su mandato presidencial, porque la figura de la incapacidad moral permanente no calza. En este razonamiento existe una disociación que no convence, porque se pretende un trato por cuerdas separadas de la moralidad y del comportamiento corrupto. Es decir, que el acto corrupto puede ser cometido por una persona pulcra y moral.
El segundo argumento es que los congresistas son corruptos; en consecuencia, no tienen capacidad para juzgarlo. Para dicho fin se difundió una lista de denuncias distorsionada y sesgada. Una generalización peligrosa por antidemocrática, porque el Congreso es la fuente de las leyes, incluso de la modificación constitucional, del control político, de representación de la nación y de designación de los altos funcionarios de la República. El tercer argumento, la falta de oportunidad para vacarlo, porque ya es corto el periodo que queda para terminar su mandato, a pesar de que se había puesto en cuestión la neutralidad del expresidente en las elecciones en curso, demostrada con la sanción del Jurado Nacional de Elecciones. Y, por último, la existencia de la pandemia, porque exige una acción continuada que no se puede paralizar, y el cambio de Gobierno podría generar desgobierno, pérdida de la continuidad de las políticas.
Este último argumento, esgrimido por el propio expresidente en su defensa, ha calado en el propio nuevo Gobierno, al punto de pretender mantener en el cargo a la ministra de Salud del Gobierno anterior, a pesar de serios cuestionamientos por implementar una equivocada estrategia hospitalaria, militar y policial, que generó el descuido del Primer Nivel de Atención y del enfoque comunitario. Y como consecuencia, también el abandono de las estrategias sanitarias; como las inmunizaciones, que –por ejemplo– ha cobrado vidas por difteria. Además, el escándalo en la compra y distribución de las mascarillas, la escasez de pruebas moleculares y la ficticia similitud con las pruebas rápidas (así como las denuncias de corrupción en sus adquisiciones, distribución y uso), las controversias en torno al número de fallecidos, la escasez y carestía del oxígeno medicinal, entre muchos otros aspectos.
La asunción del nuevo Gobierno no implica un cambio del modelo económico y menos del sistema político, económico y social que la Constitución Política dispone. Es una reafirmación. Los cambios políticos y de justicia, incluso vía referéndum, promovidos por el expresidente Martín Vizcarra tampoco lo hicieron. Sin embargo, existen diversas fracturas sociales que generan malestar y conflicto, que han sido atizados a raíz de la vacancia. La conformación del nuevo gabinete tiene el desafío de encontrar esas fracturas sociales en cada sector, dialogar con los interlocutores válidos y tender puentes de solución. El Congreso de la República ha propuesto una serie de normas que merecen debate y colaboración entre los poderes del Estado para encontrar soluciones creativas y en función de la caja fiscal.
Las movilizaciones y protestas excluyen en modo progresivo al expresidente Vizcarra y a sus partidos aliados, que pretendían sucederlo y protegerlo. La consigna es ahora “que se vayan todos”, y para eso enarbolan los clásicos mecanismos del golpe militar o del golpe popular, luego de generar caos e ingobernabilidad. Resaltan la urgencia de poner al país en una auténtica anarquía. Sin embargo, la rapidez de la conformación del nuevo Gobierno, la lucha frontal contra los elementos corruptos en cada uno de los sectores de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de las instituciones autónomas, además del fortalecimiento de las acciones de gobierno, conjugadas con una adecuada estrategia comunicacional, permitirá fortalecer el sistema democrático y la República.
El país atraviesa por un trance difícil. Sin embargo, no existía otra alternativa, porque la confrontación y el conflicto eran inevitables. El expresidente Vizcarra exacerbaba cada día más, el conflicto, la deslegitimación y la exclusión de los “otros”. El período de transición del nuevo Gobierno, que es corto, no será fácil. La tarea de romper la dicotomía de “nosotros” y los “otros” es compleja. ¡Urge unidad, gobernabilidad y justicia social!
