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SUBCOMISIÓN RECHAZA REPROGRAMAR AUDIENCIA DE DENUNCIAS CONSTITUCIONALES CONTRA VIZCARRA

Fuente : Congreso de la República

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó el pedido del expresidente Martín Vizcarra Cornejo de reprogramar la audiencia de este lunes 29 en la que se verán las denuncias constitucionales en su contra originadas por el llamado caso “vacunagate”.

Así lo decidió ese grupo de trabajo con 16 votos a favor, con lo cual quedó confirmada la sesión para hoy a las 09:00 horas.

Durante la sesión hubo dos propuestas, una planteada por la congresista Martha Chávez Cossío (NA) por la no postergación de la sesión; y otra, por Pérez Ochoa, por una reprogramación para el próximo miércoles. Empero, se optó por votar por el rechazo o no de la petición, que obtuvo 16 votos a favor y una abstención.

En consecuencia, minutos después se inició la audiencia respectiva, en forma reservada, al tratarse de una denuncia por antejuicio político

Las acusaciones están referidas a delitos de concusión, colusión agravada, peculado doloso, adveración, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, falsa declaración en procesos administrativos, entre otros, por supuestamente haberse vacunado irregularmente.

LA PETICIÓN

El abogado de Vizcarra Cornejo, Fernando Ugaz, había argumentado que, en esta misma fecha, al mediodía, su patrocinado ha sido citado para asistir a la audiencia del Poder Judicial de prisión preventiva presentada en su contra por el caso Odebrecht.

Antes fueron leídos dos pedidos del estudio Ugaz-Zegarra, uno de ellos solicitaba la reprogramación de la cita, arguyendo la existencia de la orden judicial, con lo cual se daría lugar a su derecho a la defensa y a responder en función a las circunstancias.

El segundo escrito estuvo referido a la petición de inhibición de delegado del congresista Carlos Mesía Ramírez (FP) en torno a las denuncias constitucionales acumuladas 422 y 424 sobre el caso conocido como “vacunagate” por haber supuestamente haber adelantado opinión sobre “condiciones y actuación del suscrito” en la sesión del 15 de febrero pasado.

En la referida sesión, según el escrito, Mesía Ramírez habría manifestado estar seguro de que los acusados se beneficiaron con la vacuna y que era necesario preparar una acusación constitucional para su inhabilitación en cualquier cargo de función pública.

Mesía Ramírez, por su lado, dijo que cuando se refirió al caso fue de inhabilitación como consecuencia de una conducta funcional que no está tipificada en la Constitución.

“De manera que no hay que confundir los procesos. La inhabilitación solo puede producirse en un proceso de infracción a la Constitución y a mí no se me ha encargado la inhabilitación del expresidente de la República por la vía de infracción constitucional. Ese encargo lo tiene el congresista Alí Mamani”, expresó.

Por su lado, Chávez Cossío sostuvo que esas demandas de Vizcarra Cornejo solo tienen objetivo de dilatar el proceso y planteó “rechazar maniobras”.

Tanto Chávez Cossío como Almerí Veramendi calificaron como un error la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que lejos de ser un privilegio, solo protege de los excesos que se puedan producir por parte de los acusados, y con ello se solidarizaron con Pérez Ochoa.

El presidente de la subcomisión dijo que el hecho de que la audiencia del exmandatario en el Poder Judicial sea a las 12:00 del día no lo inhibe a que tres horas ante se pueda presentar ante la subcomisión.

En otro momento, Carlos Pérez Ochoa (AP) aclaró que el pedido de recusación presentado por el abogado de Vizcarra Cornejo contra la participación del congresista Alí Mamani Barriga (NC), por supuestamente haber adelantado opinión, no existe para el fuero parlamentario.

El congresista Carlos Almerí Veramandi (PP) dijo que los abogados que defienden a corruptos debían ser vetados en alusión al abogado de Vizcarra Cornejo y rechazó sus acusaciones realizadas por este a los medios de comunicación “de que la subcomisión se parece a una comisaría”.

En otro momento, Almerí Veramendi pidió que la subcomisión remita un oficio al Colegio de Abogados de Lima para establecer una queja ante la Comisión de Ética por haberse cuestionados aspectos la ley en la exposición de hechos del informe de denuncia.