RCR, 04 de septiembre de 2026.- Miguel Santillana, economista y analista político, aseveró que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, actuó de manera desacertada al respaldar y creer la versión oficial de la Policía Nacional del Perú sobre las capturas en Trujillo tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un comerciante luego liberado.

El analista explicó que la política se involucró innecesariamente en un caso donde los cuatro jóvenes detenidos no guardan ninguna relación con los verdaderos autores materiales del asesinato de cuatro personas ocurrido el pasado domingo 30 de agosto, estimando que pronto recuperarán su libertad al demostrarse que se encontraban en sus viviendas durante los crímenes.

Asimismo, cuestionó que Fujimori saliera públicamente a asegurar la existencia de confesiones firmadas por parte de los arrestados, detallando que la Policía detuvo a muchachos inocentes a quienes les «sembró» marihuana y municiones para justificar el procedimiento. Según Santillana, el respaldo ciego a estas mentiras oficiales terminará afectando severamente la credibilidad de la lideresa política.

Santillana indicó que, lejos de tratarse de un rescate policial exitoso, la liberación del empresario se logró mediante una negociación directa efectuada por su familia, con la presunta entrega de un rescate en dinero en efectivo. Ante estos hechos, Santillana demandó la intervención inmediata de la Sunat y de la Policía para investigar la procedencia de esta millonaria suma no bancarizada, la cual provendría directamente de las ganancias de la minería ilegal e informal.

Por otro lado, el analista abordó la inminente visita a la región del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Santillana ironizó con que la llegada del alto funcionario representa una «estrellita» de recompensa que el gobierno estadounidense otorga al Perú por haber roto relaciones internacionales con Irán.

No obstante, el especialista manifestó su honda preocupación por la presunta participación operativa de agentes del FBI en territorio nacional. Santillana enfatizó que, al tratarse de una policía interna de los Estados Unidos, el FBI no puede operar ni portar armas libremente en el país sin que exista un tratado internacional oficial ratificado por la Cancillería y el Congreso de la República, aclarando que un simple acuerdo de cooperación suscrito por el jefe de la Policía resulta jurídicamente insuficiente.