• El senador de Fuerza Popular y miembro titular de la Comisión de Presupuesto, Segundo Tapia, afirmó que existe voluntad política del Ejecutivo para viabilizar el megaproyecto y solicitó una sesión descentralizada del Congreso en la región.

RCR, 04 de septiembre de 2026.- El megaproyecto de la Presa de Chonta en Cajamarca cuenta con el compromiso del Gobierno para concretar su ejecución, según sostuvo el senador de Fuerza Popular y miembro titular de la Comisión de Presupuesto, Segundo Tapia Bernal.

El parlamentario advirtió que la obra no figuraba en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2027 al no haber sido incorporada a tiempo en el Programa Multianual de Inversiones (PMI), perdiéndose los recursos previstos inicialmente. Ante este panorama, Tapia informó que ya ha entregado documentación directa al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía y Finanzas para buscar alternativas técnicas y legales.

Ruta para la viabilidad

Para revertir la falta de asignación presupuestal, el senador planteó en diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR),  la incorporación de una disposición complementaria dentro de la Ley de Presupuesto 2027, lo que permitiría dotar de respaldo financiero e iniciar los trabajos.

Entre las acciones impulsadas por el legislador destacan la entrega de expedientes al Premier Luis Galarreta y al titular del MEF Elmer Cuba, para conciliar propuestas entre el Congreso y el Gobierno, la solicitud con carácter de urgencia para que la Comisión Bicameral de Presupuesto sesione en Cajamarca junto a autoridades locales y la población y la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) para respaldar la inclusión del proyecto.

La construcción de la Presa de Chonta es una demanda histórica en la región, proyectada para beneficiar a más de 450 mil pobladores con agua potable, asegurar el riego de aproximadamente 7,500 hectáreas agrícolas y permitir la generación de energía hidroeléctrica mediante la instalación de turbinas.

Tapia reiteró que agotará las vías legislativas para asegurar que el compromiso expresado por el Ejecutivo se traduzca en una partida presupuestal efectiva durante el debate parlamentario.