• Sostiene que el Minedu y el Minsa “son muy torpes” para hacer proyectos de infraestructura y se debe empoderar a los gobiernos regionales.

RCR, 07 de septiembre de 2026.- La reforma y modernización del Estado peruano no debe pasar por reducir o fusionar ministerios al estilo del presidente Javier Milei en Argentina, sino por establecer mecanismos que permitan coordinar políticas públicas entre distintas entidades y niveles de gobierno.

Así lo sostiene el exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, al analizar el proyecto de delegación de facultades que fue presentado por el gobierno de Keiko Fujimori al Congreso bicameral.

“El tema no es reducir ministerios. El desafío es la coordinación multisectorial, en encontrar mecanismos que permitan gestionar multisectorialmente una serie de políticas públicas que por naturaleza son multisectoriales. No vamos a vencer la anemia infantil si no logramos actuar de manera multisectorial. No vamos a mejorar las capacidades productivas de la pequeña agricultura si no logramos actuar multisectorialmente”, afirmó Molina en el programa Perú2030 de Red de Comunicación Regional (RCR).

El exviceministro cuestionó que la propuesta del Ejecutive contemple la eventual concentración de funciones en ministerios más grandes, al considerar que ello podría generar como efecto contrario la creación de nuevos organismos públicos especializados.

A su juicio, el Estado necesita fortalecer mecanismos de articulación que permitan que los ministerios trabajen conjuntamente y que el Gobierno Nacional coopere con los Gobiernos regionales y municipalidades.

Infraestructura y gobiernos regionales

Molina también cuestionó que el Minedu y el Minsa ejecuten directamente proyectos de infraestructura educativa y sanitaria.

“Ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Educación están habilitados para hacer proyectos de infraestructura, han sido y son muy torpes para hacerlo”, señaló. Agregó que la creación de un organismo especializado debería orientarse principalmente a la ejecución y no limitarse a modificar la estructura institucional existente.

En esa línea, propuso revisar los sistemas que regulan las inversiones y las contrataciones públicas, debido a que actualmente se aplican procedimientos similares a proyectos de distinta magnitud y complejidad. Planteó que las obras de gran escala puedan quedar a cargo de entidades especializadas, mientras que los Gobiernos regionales asuman proyectos de menor tamaño, como colegios y centros de salud, con mayores capacidades de gestión.

Molina fue más allá de la discusión sobre la creación de un Ministerio de Infraestructura y planteó una alternativa con enfoque territorial. “Yo creo mucho más en un Ministerio del Desarrollo Territorial. Un ministerio francamente multisectorial”, sostuvo, al considerar que esta entidad podría articular intervenciones de infraestructura y desarrollo económico en territorios donde existen problemas como la minería informal y los déficits acumulados de servicios públicos.

Una reforma con resultados

El exviceministro sostuvo que la descentralización también debe formar parte de la reforma del Estado, debido a que actualmente persisten dificultades para coordinar las políticas públicas de manera horizontal entre ministerios y verticalmente entre los distintos niveles de gobierno.

“Lo que necesitamos es una nueva cultura de gestión del Estado peruano, una cultura que ponga énfasis en la cooperación interinstitucional y eso necesita un nuevo modelo de presupuesto que no se resuelve con el top down”, afirmó. Planteó que el presupuesto debe generar incentivos para alcanzar resultados concretos en la población y establecer responsabilidades claras para ministros, gobernadores regionales y alcaldes.

Respecto de la propuesta de delegación de facultades, Molina consideró que el proyecto presentado por el gobierno de Keiko Fujimori no implica una reforma estructural del Estado, debido a que omite cambios de fondo en ámbitos como la seguridad, la descentralización y el funcionamiento general de la administración pública.

“En materia de seguridad omite la reforma de la PNP. Omite otras herramientas como, por ejemplo, fortalecer las unidades de flagrancia y plantea un conjunto de medidas de detalle que sí pueden ser útiles e interesantes, pero no se ve una visión de conjunto”, añadió.

También cuestionó que Fuerza Popular mantenga una visión limitada de la modernización estatal, centrada principalmente en la simplificación de procedimientos y las condiciones para la inversión privada.

Congreso y delegación de facultades

En el plano político, Molina planteó que el Congreso debe diferenciar las medidas urgentes que pueden ser materia de delegación de aquellas reformas que requieren debate parlamentario.

Consideró que la Cámara de Diputados, donde el fujimorismo está minoría, tiene espacio para plantear una negociación con el Poder Ejecutivo y evitar que la delegación de facultades se convierta en un mecanismo para trasladar al Gobierno la responsabilidad por los problemas que no consiga resolver.

“Lo primero que debería hacer el Congreso si quiere recuperar respetabilidad de la población, es diferenciar la paja del trigo y decirle: ‘Poder Ejecutivo, esto estoy dispuesto a discutirlo en facultades, esto de acá, preséntame los proyectos de ley y los discutiremos en el Congreso’”, sostuvo.

También señaló que el debate sobre seguridad ciudadana debe considerar la legislación que, según diversos sectores, ha favorecido al crimen organizado. Sin embargo, afirmó que el fujimorismo no tendría voluntad política para derogar las denominadas leyes “procrimen”. Esta situación podría dificultar una negociación entre el Ejecutivo y el Parlamento sobre las medidas que deberían aprobarse con carácter urgente.