Fuente: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)
- El órgano especializado de defensa del Estado solicitó participar ante el Sexto Juzgado Constitucional para asegurar la estabilidad de las decisiones educativas y proteger el derecho a una formación superior de calidad.
Lima 02 de julio de 2025.- La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) informa que la Procuraduría Pública encargada de su defensa jurídica solicitó formalmente su incorporación en el proceso judicial correspondiente al Expediente N.° 10282-2026-0-1801-JR-DC-06. Esta medida se presenta ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima con el propósito de salvaguardar el orden institucional. Con esta acción se busca que las supervisiones de las condiciones básicas en las universidades continúen desarrollándose de manera regular, lo que permite asegurar un entorno de predictibilidad en beneficio de miles de estudiantes en todo el país.
De conformidad con el marco normativo de defensa jurídica del Estado, el órgano especializado actúa para proteger la institucionalidad y evitar que las reglas que rigen a los centros de estudio superior varíen por factores externos. En el recurso interpuesto, se sustenta técnicamente que “la intervención de la Sunedu como litisconsorte facultativo viene dada en el interés jurídicamente relevante de la entidad en la sentencia que emitirá su Judicatura, pues tendría implicancias no solo en el ámbito normativo, sino también respecto de la conformación de su Consejo Directivo”. Este pedido legal busca otorgar tranquilidad a las familias peruanas, garantizando que el órgano máximo de la institución mantenga la firmeza de sus decisiones públicas.
De igual modo, la Sunedu recuerda que el derecho fundamental a la educación superior no se agota con el acceso a las aulas, sino que exige una fiscalización constante que proteja a los ciudadanos de ofertas educativas informales. En salvaguarda de este principio, el escrito concluye que “cualquier decisión judicial que altere la estabilidad e independencia de su órgano máximo de dirección tiene potencial incidencia sobre el mecanismo institucional diseñado para garantizar dicho derecho fundamental”. De este modo, la defensa técnica prioriza el bienestar y el futuro de la comunidad universitaria frente a cualquier vulnerabilidad del sistema de gobierno de la entidad.
