RCR, 05 de junio de 2026.- Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), dijo que un presidente sin mayoría en el Congreso sí puede dirigir el rumbo económico de un país sin depender del Legislativo. Sostuvo que el Ejecutivo bajo sus solas facultades y competencias no ha realizado las mejores políticas para el bienestar de la población.
“Existe una narrativa actualmente de que el Congreso tiene bastante poder sobre lo que realiza el Ejecutivo en el día a día. Es cierto que en los últimos años ha habido cierta influencia, pero lo importante es recalcar como el Ejecutivo tiene muchas facultades respecto a las políticas que se deciden y que afectan el día a día de todos los peruanos”, dijo en la secuencia “Radar económico” de RCR.
Señaló que el Ejecutivo decide cómo se utilizan los recursos públicos, elabora el proyecto de ley de presupuesto y luego ejecuta y monitorea como este presupuesto se está dando. “La gran pregunta es sí está orientando los recursos a su uso más eficiente cerrando brechas y una gran controversia es como se ha utilizado grandes cantidades de recursos”, indicó.
Manifestó que un claro ejemplo es el rescate que el Gobierno ha dado a Petroperú sin ninguna condición. “En los últimos cinco años se han dado 26 mil millones de soles para rescatar Petroperú mediante aportes y garantías, pero la empresa sigue en una situación bastante grave. Entonces no se han dado condiciones para reformar la empresa y estos recursos pudieron destinarse mejor a programas sociales y de salud, entre otros”, precisó.
Observó que el Ejecutivo también puede ejecutar planes eficientes de seguridad ciudadana, a pesar que se dice que el Congreso aprobó leyes que impiden cierta acción. “Es el Ejecutivo quien decide y designa las autoridades que van a encargarse de la seguridad ciudadana. En los últimos cinco años se ha designado 18 ministros del Interior”, expresó.
Recalcó que el Ejecutivo bajo sus solas facultades y competencias no está realizando las mejores políticas para el bienestar de la población. “Por ejemplo, en el año 2022 hubo un aumento del precio de la urea y el Estado dijo vamos a comprar urea en cuatro oportunidades. Cuatro licitaciones distintas fallaron y no se pudo comprar la urea y como resultado la superficie sembrada en el año 2022 fue 5% menos de lo que fue el año anterior y en el año 2023 la producción agrícola cayó 3%”, resaltó.
“Esta respuesta que debe tener el Estado ante emergencias también fue deficiente en el último quinquenio. Entonces ahí es que queremos advertir lo importante que es tener un Ejecutivo capacitado y no improvisado para responder las emergencias de la población”, declaró.
El Ejecutivo ha mostrado improvisación y falta de meritocracia en últimos años
El jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE) dijo que el Ejecutivo ha mostrado una improvisación y falta de meritocracia en los últimos años. “Lo que se ha visto en estos últimos años es más bien una improvisación y un cambio de autoridades bastante frecuente, por ejemplo, el tema del uso de recursos en Essalud”, dijo.
“Essalud debe encargarse de comprar medicinas de manera centralizada y que estas medicinas lleguen a los afiliados. Essalud en los últimos cinco años ha tenido 10 presidentes y ahí también entra la injerencia política. Esta injerencia designa a personas que no son idóneas en muchos casos y esta cabeza cambia los cuadros técnicos sin la meritocracia adecuada en el Estado”, indicó.
Ejecutivo tiene responsabilidad en el déficit fiscal de los últimos años
Señaló que el Ejecutivo tiene responsabilidad en el déficit fiscal de los últimos años. “Es mucha la responsabilidad del Ejecutivo porque si bien el Congreso ha estado aprobando estas leyes es el Ejecutivo quien debe preservar la sostenibilidad fiscal. El Ejecutivo tiene la facultad de llevar algunas de estas leyes al Tribunal Constitucional para hacer una demanda sobre la iniciativa del gasto que tiene el Congreso y también de observarlas”, afirmó.
“Este déficit se ha financiado con los activos financieros del sector público. Los activos financieros del sector público son los ahorros que tiene el sector público. En vez de financiar las diferentes funciones del Estado con ingresos, se ha ido quemando estos ahorros públicos. Hace más de una década estaban en cerca de 20% del PBI ahora están sólo en 6% del PBI”, precisó.
Sostuvo que el Consejo Fiscal ha demostrado que en estos cinco años de todas estas leyes sólo tres se llevaron al Tribunal Constitucional y muy pocas se observaron en comparación en los primeros seis meses del año 2021. “Antes del nuevo gobierno se mandaron al Tribunal Constitucional como 20 leyes. En cambio, en los últimos cinco años sólo tres y ha habido leyes más graves sobre la sostenibilidad fiscal de lo que era antes”, apuntó.
Segundo plan de gobierno de Juntos por el Perú insiste en cambiar la Constitución
Sostuvo que el segundo plan de gobierno de Juntos por el Perú insiste en cambiar la Constitución. “Juntos por el Perú quiere dar la narrativa de que ha habido una moderación, pero si uno lee bien el nuevo documento hay muchas continuidades. Por ejemplo, cambiar la Constitución, renegociar contratos con mineras y con petroleras, modificar los plazos de concesión minera de 30 años a 5 años”, aseveró.
Observó que también hay un alto intervencionismo estatal en el documento. “Se omiten algunas cuestiones como la compra de oro a mineros artesanales, que en muchos casos son mineros ilegales. El mismo Roberto Sánchez al día siguiente del debate, hace pocos días, mencionó la posibilidad de que el Estado tenga un gran banco de compra de oro. Entonces hay muchas continuidades todavía entre los planes de gobierno”, declaró.
Falta de claridad de Juntos por el Perú en política económica ahuyentará inversiones
Valencia advirtió que la falta de claridad de Juntos por el Perú en política económica ahuyentará las inversiones. “Esta falta de claridad respecto a cuáles serán las políticas económicas finalmente del Gobierno, lo que hace es generar incertidumbre el inversionista. Y hasta que haya claridad, este inversionista prefiere postergar o suspender temporalmente decisiones de inversión, sobre todo de gran envergadura”, puntualizó.
“Un inversionista trata de pensar en el mediano y largo plazo, en tres años, y al no tener esa claridad no va a realizar estas inversiones grandes. Va a continuar con inversiones más pequeñas, de reemplazar maquinaria o hacer ciertas refacciones, pero no las inversiones grandes que necesite el Perú”, dijo.
Precisó que el impacto económico se vería entre octubre y diciembre. “Los inversionistas generalmente responden entre seis meses aproximadamente, luego de algún choque de expectativas, de confianza. Entonces uno puede pensar que, si el choque de confianza es ahora, en junio, vamos a ver este impacto sobre las decisiones de inversión efectivas hacia el último trimestre del año, entre octubre y diciembre”, indicó.
Apoyo de Juntos por el Perú a minería ilegal afectará a industria minera formal
Señaló que el apoyo de Juntos por el Perú a minería ilegal afectará a la industria minera formal. “Lo más preocupante es esta insistencia en la modificación de los plazos de concesión minera. Actualmente los plazos son de 30 años, porque toma bastante tiempo iniciar un proyecto minero desde la exploración, luego sacar procedimientos administrativos y finalmente producir el recurso”, expresó.
Precisó, por ejemplo, que modificar los plazos de concesión minera rompe todo el marco jurídico establecido justamente para las inversiones formales de minería. “Pasarlo a cinco años significa que una empresa minera no va a poder realizar todos estos procedimientos, todos estos pasos”, afirmó.
“Y en la práctica, nosotros sabemos que ahí donde hay concesiones mineras, ya hay, en la misma concesión o límite, minería ilegal. Entonces, si cambias esa ley, quien va a entrar finalmente va a ser un minero ilegal que no va a producir con los estándares de calidad ambiental que se requieren”, agregó.
Manifestó que la propuesta de Juntos por Perú de cooperativizar sectores de minería informal ha sido un fracaso en Bolivia. “Esta cooperativización puede llevar a que el Estado compre este oro bajo el argumento de levantar a los mineros artesanales. Pero, no se dice nada acerca de si va a continuar el Reinfo o no, o la trazabilidad del oro, si está viniendo de un origen ilegal o no, qué insumos se usa. Eso falta en el plan de gobierno Juntos por el Perú”, subrayó.
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