Fuente : Diario Regional de Piura
Más de 500 fallecidos por COVID-19 muchos de ellos personas cercanas o conocidas, deberían motivar a mejorar la convocatoria de todos los piuranos, para poner límites a esta tragedia; sin embargo, se tiene incapacidad para hacerlo y la concertación es un atributo que solo existe como palabras, pero no como acciones. En la región Piura y así lo dice el orden legal el responsable es el gobernador regional.
El COVID-19 viene demostrando que es un enemigo que no viene contemplaciones y por lo tanto, enfrentarlo implica una sinergia de todos y todas. Instituciones públicas competentes y las otras que pueden aportar con sus capacidades, organizaciones de diverso tipo con capacidad de ayudar, empresas y personas naturales con predisposición de solidaridad. Todas deberían suman, nadie restar.
Sin embargo, durante esta pandemia hemos visto diversas acciones, unas positivas y otras totalmente negativas; pero pese a los estragos que se observan, las actitudes siguen siendo las mismas y las particularidades y egoísmos ennegrecen mucho más el panorama, cuando en realidad se requeriría más concertación, más acción, más ayuda, mejores resultados.
El último domingo estuvo en la región Piura el presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos y fue esperado por alcaldes provinciales y distritales y por funcionarios regionales de primer nivel. Su periplo consideró entender como nivel central qué es lo que pasa en la región Piura y sin duda sus constataciones le habrán permitido tomar una idea cierta de lo que sucede en esta pandemia.
Lo cierto que, al mismo estilo de la colonia de Rey, virreyes y corregidores, se esperaba que se resuelvan los problemas presentados en esta jurisdicción, cuando en realidad hablamos de regiones con autonomía e independencia, que deberían adoptar sus decisiones de manera democrática. Una queja tras otra queja, justa, sin duda, pero procedimentalmente equivocada.
El Premier y su nivel de gobierno, puede ser un aliado, apoyar con recursos, con capacidades, pero no podría resolver los problemas de una región. Si algo no funciona bien, se cuenta con instancias democráticas y legales para acabar con un conflicto, se tienen instancias de control si se desvían los fondos y hasta instituciones judiciales para hacer valer el derecho si alguien sería un presunto infractor penal.
Más de 500 fallecidos por COVID-19 muchos de ellos personas cercanas o conocidas, deberían motivar a mejorar la convocatoria de todos los piuranos, para poner límites a esta tragedia; sin embargo, se tiene incapacidad para hacerlo y la concertación es un atributo que solo existe como palabras, pero no como acciones. En la región Piura y así lo dice el orden legal el responsable es el gobernador regional.
El COVID-19 viene demostrando que es un enemigo que no viene contemplaciones y por lo tanto, enfrentarlo implica una sinergia de todos y todas. Instituciones públicas competentes y las otras que pueden aportar con sus capacidades, organizaciones de diverso tipo con capacidad de ayudar, empresas y personas naturales con predisposición de solidaridad. Todas deberían suman, nadie restar.
Sin embargo, durante esta pandemia hemos visto diversas acciones, unas positivas y otras totalmente negativas; pero pese a los estragos que se observan, las actitudes siguen siendo las mismas y las particularidades y egoísmos ennegrecen mucho más el panorama, cuando en realidad se requeriría más concertación, más acción, más ayuda, mejores resultados.
El último domingo estuvo en la región Piura el presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos y fue esperado por alcaldes provinciales y distritales y por funcionarios regionales de primer nivel. Su periplo consideró entender como nivel central qué es lo que pasa en la región Piura y sin duda sus constataciones le habrán permitido tomar una idea cierta de lo que sucede en esta pandemia.
Lo cierto que, al mismo estilo de la colonia de Rey, virreyes y corregidores, se esperaba que se resuelvan los problemas presentados en esta jurisdicción, cuando en realidad hablamos de regiones con autonomía e independencia, que deberían adoptar sus decisiones de manera democrática. Una queja tras otra queja, justa, sin duda, pero procedimentalmente equivocada.
El Premier y su nivel de gobierno, puede ser un aliado, apoyar con recursos, con capacidades, pero no podría resolver los problemas de una región. Si algo no funciona bien, se cuenta con instancias democráticas y legales para acabar con un conflicto, se tienen instancias de control si se desvían los fondos y hasta instituciones judiciales para hacer valer el derecho si alguien sería un presunto infractor penal.
