RCR, 03 de septiembre 2026.- La captura en La Paz, Bolivia, de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, cabecilla de “Los Pulpos”, demuestra que las organizaciones criminales peruanas han extendido sus operaciones más allá de las fronteras y requieren una respuesta coordinada de los países de la región, sostiene Danilo Guevara, exjefe de la DINI y exviceministro del Interior.

“La captura que se ha producido en Bolivia, así como la que ocurrió en Perú, con relación con un líder del Tren de Aragua que operaba en Chile, nos da pistas de que la criminalidad transnacional organizada es la principal amenaza, y que su combate tiene que ser emprendido mediante una asociación, una alianza transnacional de los gobiernos. Porque si no nos unimos a nivel de la región y a nivel internacional, en este caso con el apoyo de una entidad tan importante como el FBI, la lucha contra la criminalidad no será exitosa”, afirmó Guevara en Red de Comunicación Regional (RCR).

Los Pulpos pueden reaccionar

Guevara advirtió que la detención de Jhonsson Pulpo es un duro golpe, pero no implica el fin de la organización criminal.  “No se vaya a pensar que con ello Los Pulpos desaparecen, ha desaparecido el cabecilla, pero sus segundo y terceros permanecen todavía en actividad”, afirmó.

Señaló que este tipo de capturas puede desencadenar procesos de fragmentación dentro de las organizaciones criminales, pero también reacciones violentas.

“Los Pulpos frente a una situación de esta naturaleza pueden tener reacciones de violencia. Pueden cometer otros atentados, incluso utilizar la dinamita o alguna cosa como para crear un estado de zozobra, como respuesta a la actividad del Estado en la captura de su principal cabecilla”, aseveró.

La captura en La Paz también muestra, según Guevara, una oportunidad para fortalecer la cooperación entre los países que enfrentan redes criminales con presencia internacional. “Hoy tenemos gobiernos que tienen un mejor entendimiento, por lo menos a nivel de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, incluso de Bolivia, que pueden establecer mecanismos de cooperación internacional mucho más flexibles, mucho más fluidos, lo cual antes no pasaba”, sostuvo.

Consideró que esta cooperación debe complementarse con una estrategia preventiva. En ese sentido, para Guevara, las facultades extraordinarias y medidas planteadas por el gobierno de Keiko Fujimori en materia de seguridad son necesarias, pero concentran demasiado la atención en la reacción posterior a la comisión del delito y dejan en segundo plano las causas que permiten que las organizaciones criminales se reproduzcan.

La minería ilegal: corporación del crimen

Respecto a la minería ilegal, Guevara señaló que es un factor que alimenta la expansión de la criminalidad. “El gran telón de fondo de todo este problema es la minería ilegal, que lamentablemente no logra ser solucionado desde donde corresponde, que son las esferas del gobierno, del propio Estado, que durante años, tras años, vienen postergando una solución definitiva”, afirmó.

Guevara estima que la minería ilegal moviliza entre US$ 10 a 12 mil millones al año en el país, recursos que permanecen fuera del sistema financiero y que proporcionan a estas estructuras una capacidad económica considerable.

“Detrás de la minería ilegal hay una constelación criminal que incluye el sicariato, las disputas entre bandas, el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico de armas. Estas estructuras tienen el dinero suficiente para fortalecerse y generar lo que se denomina una corporación del crimen, que en sus aspectos más dramáticos penetra y coacciona sectores de la administración pública. Lo delicado es que, cuando se produce este fenómeno, autoridades electas o constituidas dejan de responder al interés público y pasan a responder a los intereses de los mineros ilegales, que en muchos casos son asociaciones criminales”, expresó.

Guevara refirió que el caso del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, que fue secuestrado y luego liberado mediante el pago de un rescate por sus propios familiares, es un ejemplo de las dinámicas y consecuencias del entorno de la minería ilegal,

Por ello, planteó que el Estado debe actuar sobre las condiciones que permiten la expansión de estas economías ilícitas y establecer mecanismos que canalicen las actividades informales hacia la legalidad.

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