Especialista en seguridad asegura que en Perú hay demasiada impunidad y la minería ilegal es terreno fértil para organizaciones criminales, incluso para el Hezbolá.

RCR, 03 de septiembre 2026.- En la lucha contra el avance de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, el Gobierno de Keiko Fujimori debe recuperar el control de los penales, porque difícilmente podrá garantizar seguridad en las calles mientras las cárceles sigan bajo influencia de organizaciones criminales, sostiene Luis Contreras, exasesor del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), el reconocido especialista en seguridad sostuvo que la corrupción ha favorecido la pérdida de control en los establecimientos penitenciarios y planteó iniciar un saneamiento institucional para enfrentar este grave problema.

“Ustedes tienen 69 cárceles y ¿cómo es posible que los reos tengan celulares, algunas ventajas que no deberían tener estando encarcelados? Primero, antes de buscar controlar, debe haber un saneamiento institucional de las cárceles, quitar mandos que no estén dando resultados. No estoy hablando de forma categórica de hacerlo con todos, sino hacer un análisis de qué personal ya no es eficiente o investigarlo también, si está favoreciendo al crimen organizado.  Es importante controlar las cárceles; si no puede controlar las cárceles, difícilmente va a dar seguridad al ciudadano en las calles, a los peruanos”, afirmó Contreras.

El exasesor de Bukele señaló que el control penitenciario debe incluir medidas para impedir que los internos mantengan comunicaciones que les permitan continuar dirigiendo actividades delictivas desde prisión.

En esa línea, recordó que El Salvador adoptó acciones para eliminar las señales telefónicas en los alrededores de los centros penales.

Contreras también cuestionó que la respuesta se concentre únicamente en construir nuevos establecimientos de alta seguridad. “Antes de construir cárceles de máxima seguridad deben de controlar las que ya tienen”, remarcó al referirse a la necesidad de impedir que las organizaciones criminales se fortalezcan dentro de los penales existentes. Explicó que el sistema penitenciario requiere clasificar a los internos según sus características criminológicas y el nivel de seguridad que necesitan. Mencionó como ejemplo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, destinado exclusivamente a pandilleros y con un régimen de máxima seguridad. Señaló que los internos no reciben visitas y que su permanencia responde a una clasificación criminológica realizada por equipos especializados. “Allí no pueden no pueden tener opciones a rehabilitación porque ese tipo de personas no son rehabilitares y eso lo establecen los psiquiatras en los grupos criminológicos”, añadió.

Hay demasiada impunidad

El especialista alertó que en Perú hay demasiada impunidad que también crea condiciones para que las organizaciones delictivas se consoliden. “Aquí es terreno fértil, yo siempre les he dicho eso: si venían las pandillas acá, fácilmente logran otra vez consolidarse, porque hay demasiada impunidad”, sostuvo al comparar la experiencia salvadoreña con la extorsión y el sicariato que también afectaba al país.

Añadió que las nuevas tecnologías han acelerado la expansión internacional de las organizaciones criminales y facilitado su incursión en nuevas formas de financiamiento. “Ahora el nivel tecnológico les ha permitido esa globalización a las mismas bandas criminales, como las criptomonedas”, afirmó, al advertir que el crimen transnacional ha ampliado su capacidad de operar más allá de las fronteras.

Amenazas híbridas y minería ilegal

Según explicó, el fenómeno también ha cambiado porque las organizaciones criminales ya no necesariamente actúan de manera aislada. “Ahora en seguridad hay una terminología nueva que se conoce como amenazas híbridas”, señaló, y explicó que estructuras que antes competían entre sí pueden brindarse apoyo mutuo, lo que vuelve más compleja su persecución y desarticulación.

En ese escenario, Contreras consideró que la minería ilegal representa una fuente de recursos que puede fortalecer a estas estructuras.

“La minería ilegal da mucha plata, mucho dinero. Y recordemos que en política el poder económico es el poder real. Les permite comprar voluntades, corromper personas”, afirmó al advertir sobre la capacidad de estas economías ilícitas para penetrar instituciones.

El especialista sostuvo además que toda actividad capaz de generar grandes ganancias puede atraer a organizaciones criminales. En ese contexto, mencionó al Tren de Aragua y su incursión en distintos delitos, y advirtió que “no les extrañe que Hezbolá vea un terreno fértil en Perú porque ustedes tienen minería”, en referencia a la posibilidad de que organizaciones transnacionales busquen aprovechar actividades económicas ilícitas.

Estrategia debe empezar por Lima

Respecto a las medidas contra el avance de la criminalidad, Contreras planteó que el Perú no puede aplicar una estrategia idéntica y simultánea en todo su territorio por sus dimensiones.

“¿Cuál es la ciudad con mayor incidencia criminal en Perú? Lima, la capital. Eso te tendría que comenzar por lo menos en seis meses ver cómo se extraen a los criminales y después paulatinamente vas derivándote a otras regiones. No lo vas a hacer de forma simultánea porque Perú es demasiado grande”, afirmó.

Finalmente, cuestionó la falta de resultados concretos de las medidas como las declaratorias de emergencia contra la inseguridad y señaló que la lucha contra el crimen requiere decisión política y una respuesta verificable.

“Si aquí los criminales ven que en estado de emergencia, que tiene más de tres años, no pasa nada, solo queda en un papel, solo queda para una noticia publicitaria”, sostuvo, al señalar que estas acciones deben traducirse en capturas, decomisos y una reducción efectiva de los delitos en zonas como Lima y Trujillo, donde operan organizaciones como Los Pulpos.

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