Desde que los pueblos se organizaron entre quienes tenían autoridad y dictaban las reglas de convivencia, y quienes debían acatarlas y cumplirlas, se hizo célebre la frase “por la razón o por la fuerza”, haciendo clara alusión que las normas tenían que imponerse “o por las buenas o por las malas”, pero inexorablemente tenían que ser cumplidas.

Con el correr de los tiempos para lo antes señalado, los Estados fueron creando instituciones que hicieran cumplir las normas y así, en el orden interno para ello y para mantener la tranquilidad pública, fueron creadas las instituciones policiales. En lo que se refiere al orden externo, en salvaguarda de sus territorios los Estados crearon sus milicias y ejércitos, que con el correr de los siglos se dividieron en Ejército, Marina y Aviación, para dedicarse especializadamente a la defensa territorial, marítima y también aérea.

Como quiera que no todas las normas y su aplicación eran por métodos apropiados, se establecieron jueces y tribunales que administraban justicia e incluso cuando la norma legal contrariaba la constitucional, esos tribunales podían omitirla o también derogarla.

Es sabido que el uso de la fuerza, sea policial o militar, en la Historia ha tenido excesos que se han materializado en muertos, desaparecidos y lesionados, lo que llevó a los legisladores a dictar normatividad legal para el uso justo y medido de la fuerza.

En lo antes señalado han tenido indiscutible influencia las organizaciones de Derechos Humanos, que tratan de evitar daños en las acciones desde el Estado para preservar o recuperar, de ser el caso, el orden público y la paz social. Empero muchas veces no se ha tenido en cuenta, que al igual que tienen derechos humanos las personas que desde la civilidad ejercen su derecho a la protesta, también las tienen las fuerzas del orden y policiales, así como las militares que las apoyan excepcionalmente.

En el Perú, al igual que en otros países se han dictado disposiciones legales sobre el uso de fuerza por policías y militares, incidiendo mucho en el concepto de la proporcionalidad e incluso equilibrio de las armas de los manifestantes y de los agentes del orden.

Consideramos que hay error en la mencionada prédica y acción, pues las manifestaciones de protesta deben ser pacíficas y sin armas, y si ello se transgrede, con absoluta legitimidad tienen que actuar las fuerzas policiales y las de apoyo, con las armas que les confía la Nación.

Las fuerzas del orden tienen que estar adecuadamente armadas, pues no conocen hasta que tienen que enfrentar, a quienes instigan, se infiltran y utilizan armas en manifestaciones que pueden ser en sus inicios pacíficas pero se tornan violentas, utilizando armas regulares como también hechizas, fuegos artificiales, avellanas, piedras, armas blancas y hasta donde llegue el ingenio de quienes agreden a los policías, que están  prácticamente desarmados por el temor de ser denunciados penalmente y que los juicios sean inacabables.

Ya en el siglo XV Nicolas de Maquiavelo decía que “cuando la fuerza falla es porque están usando poca fuerza”, y esto hay que tenerlo muy presente y aplicar sin hipocresías la Ley de Protección Policial 31012, lo que no significa que los excesos no se investiguen y sancionen, pero con premura.