El Congreso anterior, que sustituyó al disuelto indebidamente por Martin Vizcarra, aprobó una ley que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de la limpieza pública.

El Poder Ejecutivo de aquel entonces, con buen criterio observó la autógrafa de la mencionada ley, pero el Parlamento insistió en su contenido y dispuso su promulgación, ley que tiene el número 31254.

La ley de marras prohibió la tercerización de los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines. Dispuso asimismo que los municipios que hayan contratado dichos servicios con empresas privadas, mediante tercerización u otras formas de intermediación, retoman dichas contrataciones de manera directa al término del contrato vigente.
En adición, ordenó la reincorporación progresiva a su planilla de trabajadores municipales, a quienes estuvieron en las empresas de tercerización de los servicios aludidos, según evaluación, lo que en la práctica significa que muchos de ellos perderán el trabajo y quedaránen la calle.

Si bien es cierto, la mencionada ley atenta contra la autonomía administrativa y económica de los gobiernos locales o municipales, no es menos cierto que también colisiona con el derecho de contratar con fines lícitos que consagra la Constitución y, sin lugar a dudas se enfrenta contra otro derecho constitucional como es el de la libertad de empresa, pues las que fueron creadas para prestar el servicio de recojo o recolección de los residuos sólidos, también llamados “basura”, tendrán que cerrar al finalizar el plazo de tercerización de los servicios, liquidar sus bienes y terminar con los contratos laborales que estaban en curso. En buen romance una debacle.

Pero vayamos más allá, esto es fuera del ámbito meramente legal para consolidarnos en la prevalencia de la realidad y esta es, que antes que fuesen tercerizados los servicios de recolección de la basura, tal actividad era realizada directamente por los municipios con sus obreros municipales. Lo que veíamos en aquel entonces, salvo pocas y honrosas excepciones, eran vehículos recolectores destartalados, carcochas sucias  que se caían a pedazos, así como frecuentemente se averiaban y dejaban de circular y, como las municipalidades no eran previsoras, no tenían fondos ni recursos para la reposición de los camiones, con lo cual los que sufrían las consecuencias y pagaban los platos rotos, eran los vecinos, pese a que pagaban los arbitrios para recibir el servicio.

Imaginémonos el espacio de las provincias de Lima y del Callao, que en la práctica están unidas. Lima tiene 42 distritos además del Cercado y el Callao 6 más el Cercado de nuestro primer puerto.  En tal área tenemos cincuenta municipios con cincuenta administraciones de recojo de basura, y con el agravante que existen distritos muy pequeños, como algunos de playa, lo que por su administración individual encarecen costos.

La experiencia es que hoy en día, con la tercerización nos beneficiamos con mejores servicios, mejores camiones, y buen mantenimiento, todo lo cual dejará de existir al retroceder como el cangrejo al servicio directamente prestado.  ¡Deroguen la ley!