Cuando un Presidente de la República se ausenta del país, los ministros que quedan en casa y su bancada parlamentaria, se supone que le deberían guardar las espaldas. Pues no señor, en el viaje realizado por el Presidente Castillo a la OEA, a la ONU y a un encuentro empresarial con inversionistas en los Estados Unidos, sus parlamentarios hicieron todo lo contrario, le quitaron el piso.
En el encuentro ante los empresarios e inversionistas, el Presidente pretendió dar señales de querer la inversión privada y garantizar que no se romperían las reglas de juego que la permitan y, en ésa forma restaurar en algo la confianza dañada. Increíblemente nada menos que congresistas de su agrupación política presentan en simultáneo proyecto de ley que socava la libertad de prensa y expresión echando por tierra los buenos propósitos presidenciales.
El proyecto de ley en cuestión, pretende la distribución del espectro electromagnético y radio eléctrico en radio, televisión y otros medios, con lo cual se desconocería las autorizaciones, permisos y concesiones ya otorgadas cuyo término no ha vencido, lo que es un atentado contra la palabra empeñada por el Estado. Pero no solo eso, sino que, amparándose en terminología populista, se trataría hasta de meter mano por el Estado en los contenidos y en la administración de los medios, lo que es colisionar con la libertad de prensa y expresión en nuestro país.
Recordando terminología de los penosos tiempos del Velascato, declara que la radio y televisión son actividades “estratégicas” y dice que hay poblaciones que no tienen acceso ni a la radio ni a la televisión. Pues muy simple, el Estado tiene dos caminos, seguir convocando a concursos para otorgar licencias a privados o ampliar la cobertura del Instituto de Radio y Televisión Peruana, a través del Canal Siete, Radio Nacional y otras estaciones del Estado.
Se señala también en el proyecto normativo que hay que fomentar la programación variada y los contenidos de “producción nacional de alta calidad”. Pues muy bien, que lo hagan en los medios de comunicación del Estado, pero que no se metan con los privados y menos arguyendo que se debe atender a quienes sufren discriminación. Si sufrir discriminación es que existen poblaciones en que no les llega señal radial ni televisiva, debería ampliar su cobertura el Estado en lugar de apuntar hacia los privados.
El proyecto también contiene amenazas. Una de ellas es tomar medidas temporales de todo tipo respecto a las radios y televisoras en casos de emergencias, con lo cual abre compuertas para que se haga lo mismo con otras actividades. Otra amenaza es autorizar al Ejecutivo a dictar normas para la aplicación de la ley proyectada, lo que constituye de suyo, una delegación de facultades legislativas encubiertas.
Pese a la gravedad del proyecto y sus amenazas, tiene algunas singularidades, por decirlo benévolamente, como que “la televisión sustituye de alguna manera la función materna”. No pienso que sea efecto de la ayahuasca.
