La presentación por el Poder Ejecutivo al Parlamento, de pedido para que se le deleguen facultades legislativas en materia tributaria y otras relacionadas con la necesaria reactivación económica de nuestro país, me inducen a hacer algunas reflexiones que resumo en esta breve columna de opinión.

Considero que no hay nadie en su sano juicio que estime que no se requieren más recursos fiscales para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones de educación, salud, seguridad interna, defensa e infraestructura entre otras.

Empero el tema es cómo conseguir más recursos y ello nos lleva a señalar, entre otros, a los dos principales como es mayor tributación con la creación de más impuestos o elevación de tasas de los existentes; o de otro lado, estimular las actividades económicas del país, para que existan más inversiones generadoras de empleo y al mismo tiempo contribuyan con sus aportes al Estado.

En buen romance estamos entre la disyuntiva de maltratar a quienes ya tributan o ampliar la base tributaria con la incorporación a la formalidad de quienes están fuera de su alcance y al mismo tiempo incentivando a los inversores para que pongan sus capitales en el Perú.  Personalmente me inclino por esta segunda opción, pues es casi axiomático que cuando se elevan las tasas en forma desmedida o exagerada, la recaudación tributaria se hace regresiva, esto es se recauda con mayores tasas menos recursos.

Lo últimamente señalado ha sido probado una y mil veces sobre todo con el Impuesto Selectivo al Consumo, que al aumentarse las tasas disminuyó la recaudación, pues el resultado fue menos consumo o nulo consumo.  Lo que es peor tratándose de bienes o servicios suntuarios, se prefirió tenerlos en el exterior y disfrutar de ellos en el extranjero, como lujosos vehículos o también naves de recreo.

La manida costumbre de enfrentar a los que tienen mayores ingresos con los que los tienen insuficientes o carecen de ellos, únicamente engaña a la tribuna y no por mucho tiempo, por lo que es hora de que se actúe con seriedad y sin enfrentar a quienes contribuyen y a quienes no.

Por ejemplo, el proyecto señala que hay cinco países de Latinoamérica en que la renta de fuente externa está gravada en mayor porcentaje que en el Perú, sin embargo, hay muchísimos otros países de la misma región en que la tributación es menor.  Por lo demás no solamente hay que ver las tasas contributivas sino también las deducciones para establecer la renta, que muchísimas veces son más elevadas, con lo cual el impacto contributivo es menor.

Se dice también, con tonalidad populista que la renta de trabajo es bastante mayor que la renta de capital, expresando que mientras la tasa marginal para las rentas de trabajo es entre el 8% y el 30%, para las rentas de capital es solo el 5%, lo que sería injusto.  Suena apropiado, pero es falso pues si bien en la distribución de dividendos (renta de capital) se paga el 5%, ya antes la empresa generadora de la utilidad pagó el impuesto a la renta en tasa que va hoy hasta el 29.5%. Por otro lado quienes tienen renta de trabajo pero también de negocio, por estas últimas pagan hasta la tasa máxima.

Más ilustrativo de la inequidad es la renta inmobiliaria que paga el 5%, pero si ella se produce a través de empresa, pagará la tasa que corresponde a ella más el 5% en la distribución de la misma. Con las pensiones diminutas en el Perú, muchos se han refugiado en capital inmobiliario, por lo que gravarlo más no es una buena decisión.

Cabe señalar además, que con la globalización muchos capitales son internacionales e ingresan a los países que mejor los tratan y por ello para ser competitivos en la recepción de capitales, tenemos que tratar bien a los inversionistas, pues de otra manera preferirán otras latitudes.

Lo pertinente sería que el Ejecutivo presente al Congreso sus proyectos normativos en materia tributaria y económica, y puedan ser discutidos y evaluados con transparencia en las respectivas comisiones parlamentarias especializadas y con el asesoramiento de expertos en la materia. Hacerlo en el Ejecutivo a puertas cerradas no es un buen sistema, pero si el Congreso quisiere llegar a un entendimiento con el Ejecutivo bien pudiere hacerse una delegación de facultades atípica o impropia, con la creación de una comisión especial, integrada por miembros y expertos tanto del Ejecutivo y del Legislativo y cuyo texto se pueda someter luego a la aprobación del Pleno del Parlamento.