Sin ánimo de echar más leña a la hoguera, no se puede ocultar la consternación por el derrame de crudo de petróleo en la descarga de dicho producto el 15 de enero último en el Terminal Multi Boyas N° 2 en La Pampilla.
No solo consternación sino indignación por el grave daño ocasionado al eco sistema, contaminando playas de nuestro litoral y causando mortandad de fauna marina, aves y otras especies, conociéndose además que la remediación del daño ambiental no es inmediata, toma su tiempo y mientras tanto muchas familias que vivían de la pesca, quedan temporalmente sin recursos por lo que hay que encontrar fórmulas adecuadas de ayuda para mitigar en lo posible su precaria situación.
Evidentemente se trata de hecho fortuito, no querido, es un lamentable accidente que pudo preverse si se hubiesen activado las correspondientes alertas a tiempo y si todos quienes intervinieron en las tareas de descarga, desde las autoridades, los tripulantes del buque petrolero, quienes lo fletaron y la empresa refinadora de petróleo en La Pampilla, hubiesen cumplido a cabalidad los protocolos establecidos, las medidas de seguridad y las acciones oportunas para impedir la expansión de daños. En buena cuenta podríamos advertir que se trataría de negligencias en cadena.
Como se podía presumir, se han alzado voces elocuentes y de altos decibeles que piden sanciones e indemnizaciones, que desean expropiaciones, que incitan al retiro de permisos, que llegan hasta exigir el cierre de la refinería de petróleo, sin entender que con ello no solo no se soluciona las consecuencias del derrame, sino que tendríamos un daño mayor por desabastecimiento. No se trata de hacer que la empresa que maneja la refinería en La Pampilla se convierta en “piñata”, pero que tampoco ella le “saque la nalga a la jeringa” como decía décadas atrás un conocido político.
Todo a su tiempo, lo primero es lo primero, y ello sin duda alguna, es la contención del daño para que no se siga ampliando el área marítima y del litoral, con la contaminación por el crudo de petróleo derramado, así como la remediación del daño ambiental y por supuesto mitigación de sus efectos. Las investigaciones y la determinación de responsabilidades, sanciones de ser el caso, e indemnizaciones reparatorias del daño ocasionado, pueden verse posteriormente o en forma paralela, pero en cuerdas separadas y sin que ello perturbe las tareas que tienen carácter urgente e impostergables.
Debemos destacar con plena satisfacción, la solidaridad de muchísimas empresas del sector privado, sean o no de la actividad de hidrocarburos, que han prestado su concurso para el alivio de daños, sean con maquinarias, equipos, herramientas, insumos y personal y que además están ayudando a las poblaciones afectadas. Se ha visto responsabilidad social, sin que exista obligación legal e, incluso entidades representativas del empresariado como la SNMPE, AFIN y alguna otra, lejos de tapar el tema han exhortado la determinación de obligaciones, aunque sin treparse al bullicio callejero irresponsable como fue en noviembre del 2020.
