Consejero regional por la provincia de Puno, Jorge Antonio Zúñiga, indicó también que ante la paralización de la obra existen dos salidas principales para lograr el reinicio de la misma: 1- que se le otorgue la continuidad de la obra a la empresa que quedó en segundo lugar; y 2- la otra es que se inicie un nuevo proceso para, con los saldos, den la concesión a una nueva empresa, con un nuevo proceso de licitación.
RCR, 3 de marzo de 2020.- No existe ninguna duda de la implicancia del gobierno en las presuntas irregularidades detectadas en el contrato por el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz que, en mayo del 2018, suscribieron Provías Nacional, entonces a cargo del actual ministro de Transportes, Carlos Lozada, y la empresa española Constructora San José, aseguró el consejero regional por la provincia de Puno, Jorge Antonio Zúñiga.
“No, no de ninguna manera (existen dudas del manejo irregular del gobierno). Allí, la OSCE es muy clara en el Reglamento de la Ley. Y si el ministro de Transportes (Carlos Lozada) y sus funcionarios de Provías no lo cumplieron. Y, como premio de eso, (Martín) Vizcarra lo pone de ministro de Transportes, es un problema que él (el jefe de Estado) se lo ha ganado. Creo que ahí no hay ninguna inocentada, ni omisión, de parte del presidente de la República. Yo creo que ellos (el ministro y el presidente) son conscientes”, subrayó.
Recalcó entonces el involucramiento del gobierno del presidente Martín Vizcarra en las irregularidades detectadas en el proceso de licitación para la buena pro del contrato firmado para el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz, en Puno, el mismo que actualmente se encuentra paralizado y con el contrato resuelto.
“Porque es esta gestión de su gobierno que se ha dado esta licitación, en el cual gana la empresa (española Constructora) San José. A pesar de que, a la firma del contrato, ellos no tenían, primero, la cuenta (de transferencias Interbancarias) CCI, para poder depositar. No la podían tener porque carecían de RUC. Tampoco tenían el registro ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Y, a pesar de ello, firmaron el contrato con ellos”, enfatizó.
La Fiscalía sostiene que ninguno de los funcionarios de Provías, implicados en el proceso de verificación de la documentación entregada por la empresa antes de la firma del contrato, hizo observación alguna respecto a la ausencia de estos requisitos, así como de la propuesta de adenda.
“Él (Carlos Lozada), desde el inicio, (sostiene) su justificación (en) que (los requisitos) no eran de obligatorio cumplimiento para la firma del contrato. Ése era su razonamiento y ése fue su argumento. Y por lo tanto, él no estaba impedido de suscribir el contrato, porque no eran (los) requisitos. Si bien es cierto que no (se) especificaba con claridad (en) el proceso, pero la ley señala claramente que la empresa tiene que estar plenamente identificada, a nivel tributario. Y tiene que estar en el registro de contribuyentes de la OSCE, para cualquier el movimiento económico. Y el análisis del director (de Provías, Lozada) minimizaba estos requisitos a un hecho de mero trámite. Pero no era así”, puntualizó.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Zúñiga indicó también que ante la paralización de la obra existen dos salidas principales para lograr el reinicio de la misma: 1- que se le otorgue la continuidad de la obra a la empresa que quedó en segundo lugar; y 2- la otra es que se inicie un nuevo proceso para, con los saldos, den la concesión a una nueva empresa, con un nuevo proceso de licitación.
“Estas dos vías me parecen saludables. Sin embargo, para esto tendrá que, necesariamente, haber un expediente modificado. El mismo que tiene que ser aprobado para que entre un proceso de licitación”, detalló.
La autoridad regional agregó que existe una tercera vía que implicaría la resolución del contrato para que el Estado lo asuma, bajo una especie de “administración directa”.
“Es decir, que el gobierno, a través de ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional, lo ejecute, con sus propios técnicos y con los saldos de la obra. Finalmente, yo no sé cuál vea con mayor facilidad (de optar) el gobierno de Martín Vizcarra”, anotó.
Zúñiga se refirió igualmente a las responsabilidades que les compete a los dos ministros de Transportes, involucrados en la cuestionada realización de esta obra: Édmer Trujillo, y el actual titular del portafolio, Carlos Lozada.
“El anterior (Édmer Trujillo) dejó pasar esa irregularidad. No creo que la haya desconocido, con los antecedentes que se han denunciado, por el hospital de Moquegua. Y al haber asumido el actual ministro (Carlos Lozada), está función, siendo él directo responsable, porque cómo técnico (director ejecutivo de Provías Nacional), él firmó el contrato, estamos ante una situación más grave aún, porque la irregularidad la cometió él. Y, analizando desde el punto de vista legal, allí había concusión y colusión”, remarcó.
Señaló que en la actualidad, y a dos años de su inicio, el proyecto de mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz está al 45 % de la ejecución del presupuesto, “y la obra no muestra ese avance”.
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