RCR, 31 de agosto de 2026.- El gobierno de Keiko Fujimori tiene una política reactiva frente a la criminalidad y debe reestructurar la Policía Nacional del Perú (PNP) para mejorar su capacidad de respuesta, sostiene el abogado, jurista y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alejandro Tapia Gómez.

Al analizar el proyecto de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, cuya propuesta contempla 12 medidas en materia de seguridad, entre ellas reformas al sistema penal y penitenciario, medidas contra el crimen organizado, regulación del uso de la fuerza, migraciones y legítima defensa, Tapia señaló que el gobierno no tiene un camino claro.  

“La respuesta que está ofreciendo el gobierno es incoherente. Desde el discurso que ella (Keiko Fujimori) presentó al Congreso bicameral el 28 de julio, luego lo que puntualizó la presidencia del Consejo de Ministros, la intervención del ministro del Interior y finalmente el texto del proyecto de ley de delegación de facultades, no hay coherencia; aun así, presenta una vertiente que es siempre la de reacción y luego presenta una situación de emergencia. Pero el crimen y el delito no se enfrentan de ese modo”, afirmó Tapia en el programa Perú 2030, de Red de Comunicación Regional (RCR).

Política reactiva

Tapia explicó que el sistema penal comprende tanto el control social como el control penal, pero cuestionó que el Ejecutivo esté priorizando este último mediante medidas de emergencia. A su juicio, ese enfoque puede generar respuestas inmediatas ante la preocupación ciudadana, sin resolver las causas que permiten la expansión de la criminalidad.

“La política pública del Gobierno contra la criminalidad es reactiva y no es de control. Lo que debe hacerse es un control, no reaccionar cada vez que hay que decir algo porque está preocupando a la ciudadanía”, señaló.

En ese contexto, advirtió que la atención se concentra en los delitos más visibles. Según Tapia, el sicariato representa apenas entre el 1% y 2% de la criminalidad registrada por fuentes como la PNP, el INEI y el Ministerio Público, por lo que consideró necesario ampliar la estrategia hacia otros fenómenos delictivos.

Criminalidad oculta

El jurista sostuvo que las estadísticas no reflejan toda la dimensión del problema porque se concentran en conductas que cuentan con una tipificación penal y pueden ser registradas. Por ello, planteó mirar también aquellos delitos que no ocupan el centro del debate.

“Hay una criminalidad oculta, que está escondida. Estos son los crímenes económicos. La acción de usura, por ejemplo, de los bancos, la corrupción, diferentes otros delitos gravísimos, como los delitos ambientales, no están en la escena, pero allí hay toda una economía”, afirmó.

Tapia también cuestionó la falta de herramientas tecnológicas para anticipar delitos. Señaló que el propio ministro del Interior había planteado la necesidad de prevención y tecnología, pero observó que el proyecto de delegación de facultades no desarrolla medidas concretas sobre ese eje. Mencionó como ejemplo el registro de ADN y otros sistemas que debería manejar el RENIEC.

Reestructuración de la PNP

En cuanto a la Policía, Tapia sostuvo que el problema no pasa únicamente por modernizarla, sino por definir con precisión sus atribuciones y establecer controles sobre el uso de la fuerza. Consideró que la delegación de facultades debería abordar esa dimensión institucional si busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

“Aquí lo que está fallando es los límites al poder, en este caso, de la Policía. Entonces, hay que decidir qué es lo que la Policía, por encargo de la sociedad, debe hacer. Y para mí solamente son dos: ser Policía de proximidad y ser Policía altamente especializada”, manifestó.

Planteó, además, una reestructuración de la institución debido a sus problemas de organización interna. Advirtió sobre una cantidad sobredimensionada de oficiales con los grados de coronel y general y, al mismo tiempo, una desatención de la Policía de a pie. Afirmó que esta situación se ha acumulado durante distintos gobiernos y ha debilitado el cumplimiento de sus funciones.

Un sistema penal eficaz

Respecto a las propuestas del premier Luis Galarreta para corregir las supuestas barreras normativas que favorecen la impunidad, Tapia sostuvo que el problema no se resuelve únicamente con nuevas leyes o penas más severas. El sistema requiere que Policía, Fiscalía, Poder Judicial e INPE actúen de manera articulada y eficiente.

“Hay problemas en la Policía, en la Fiscalía, en la judicatura, como también en el tema de la cárcel. El problema acá es eficacia para que esa puerta no sea giratoria”, afirmó.

En esa línea, Tapia recordó a Luis Pérez Guadalupe, exjefe del INPE, para señalar que el debate sobre la inseguridad revela una falla más amplia del sistema penal. Agregó que la selección de fiscales, jueces y otros funcionarios no debería basarse solo en conocimientos, sino también en capacidades prácticas para garantizar investigaciones eficaces, producir pruebas y obtener decisiones judiciales que permitan reducir la impunidad.

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