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JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO GARANTIZA “CERO IMPUNIDAD, CERO BLINDAJE Y NO MÁS CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL”

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Fuente: Poder Judicial

Al asumir Presidencia de institución judicial

Flamante autoridad insta al Congreso aprobar la Junta Nacional de Justicia que sustituirá al Consejo Nacional de la Magistratura.

El sello de la gestión del juez supremo titular José Luis Lecaros Cornejo al frente del Poder Judicial para el bienio 2019-2020 será de lucha contra la corrupción así como contra la impunidad y el blindaje, dándole continuidad a los esfuerzos de quienes lo precedieron para el logro de ese objetivo.

“A partir de ahora cero impunidad, cero blindaje y no más corruptos en el Poder Judicial”, sostuvo durante su Mensaje a la Nación, ofrecido durante la ceremonia de Apertura del Año Judicial realizado en Palacio de Justicia.

Lecaros Cornejo enfatizó que la solidez de su compromiso al frente del Poder Judicial es la misma que tuvo hace casi dos décadas, cuando tuvo que juzgar los delitos cometidos por “el gobierno en la década de los 90”.

Reconoció que las circunstancias en las que asume la titularidad del Poder Judicial son delicadas por la crisis del Sistema de Justicia a razón de los denominados ‘CNM-audios’ y el caso Lava Jato, que obligan a una reforma “con sentido de urgencia, pero con apertura, responsabilidad e inclusión”.

En otro momento, consideró que la iniciativa de reforma del Sistema de Justicia debe considerar a la Academia de la Magistratura (Amag), la sociedad civil organizada, Facultades de Derecho de mayor antigüedad, colegios de abogados así como al sector empresarial.

También instó al Congreso de la República tener en cuenta las consideraciones y la voluntad popular expresada en las urnas sobre la reforma judicial, dando, de ese modo, aprobación a la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia que sustituirá al Consejo Nacional de la Magistratura.

Así, Lecaros expresó el compromiso del Poder Judicial, y el suyo propio como próximo miembro pleno de la comisión calificadora y de nombramiento de los futuros integrantes de la Junta, para que estos cuenten con los más altos estándares profesionales y éticos.

“No necesitamos magistrados mediocres y menos corruptos, solo lo mejor de lo mejor debe ingresar a la magistratura”, recalcó.

MEDIDAS A TOMAR

Anunció que otra de sus medidas será establecer la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses de todos los magistrados, altos funcionarios y servidores de apoyo del Poder Judicial, así como la sistematización en línea de las mismas referidas a bienes, ingresos, egresos, deudas y rentas.

También el fortalecimiento de la justicia digital a través del Expediente Judicial Electrónico cuya conclusión exitosa marcará un antes y un después en la administración de justicia al lograrse mayor predictibilidad, interoperabilidad, unidad de criterio y mejora en los tiempos de duración de los procesos.

Del mismo modo, refirió que orientará sus esfuerzos no solo a la parte jurisdiccional sino también al ámbito administrativo de la institución para lograr una justicia más eficaz e integral, priorizando la ejecución presupuestal por resultados, su estandarización, implementación de un sistema de trámite documentario electrónico a nivel de la Gerencia General, entre otros.

En otro momento, Lecaros Cornejo reconoció la labor y capacidad de los magistrados de la flamante Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado en base a la fusión de la Sala Penal Nacional y el Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios.

“Su trabajo pone en evidencia un modelo de jurisdicción penal especializada que está dando buenos resultados y es valorada por la ciudadanía”, señaló.

Recalcó, en ese sentido, que los procesos que tienen a su cargo estos jueces no se verán afectados con la creación de la nueva corte.

SOBRE LA FISCALÍA

En otro momento de su discurso, Lecaros Cornejo consideró fundamental que la institucionalidad del Ministerio Público sea también sólida e impecable acorde con las exigencias de la ciudadanía y del propio Poder Judicial.

“Un Ministerio Público débil limita el trabajo de los jueces”, señaló.

Asimismo hizo una invocación a las altas autoridades de esa institución para que, deponiendo intereses personales, solucionen sus problemas internos a fin de devolver la institucionalidad que el país entero reclama.

De esa manera, señaló, será garantizada a la ciudadanía una actuación seria, veraz, rigurosa y transparente, que permita acabar con la impunidad para que todo aquel que comenta un acto de corrupción sea castigado de manera ejemplar.

SALUDO DE VIZCARRA

Tras el discurso de Lecaros, el presidente de la República, Martin Vizcarra Cornejo, expresó su compromiso para forjar instituciones sólidas a fin de alcanzar los cambios que el Perú necesita en la lucha contra la corrupción.

“Todos los poderes estamos comprometidos en la lucha por la justicia, y estoy seguro que la mayoría en el Poder Judicial comparte este compromiso”, expresó.

Vizcarra aseguró que su gestión está comprometida con el fortalecimiento del Poder Judicial, una de las columnas importantes del Estado, habiendo destinado para su presupuesto del 2019 más de S/ 2 mil 500 millones, lo que representa un incremento del 11% respecto al 2018.

Para el 2019, refirió, ha sido  transferido desde los fondos de reserva de contingencia S/ 34 millones para gastos operativos de jueces supernumerarios, así como para la mejora remunerativa de los trabajadores, la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, la Ley de Extinción de Dominio así como el fortalecimiento en la lucha contra la violencia hacia la mujer.  

A la ceremonia asistieron el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona Postigo.

Asimismo el contralor de la República, Nelson Shack Yalta, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas, expresidentes del Poder Judicial así como otras autoridades del país como congresistas, presidentes de corte, jueces y servidores jurisdiccionales del país.