RCR, 12 de octubre 2026.- El exministro del Interior Gastón Rodríguez sostiene que el Gobierno de Keiko Fujimori debe reforzar una supervisión operativa sobre las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial para garantizar que las capturas policiales se traduzcan en detenciones y condenas efectivas en la lucha contra la criminalidad. Advirtió que el país necesita acciones contundentes y no más planes que carezcan de resultados concretos.
“El Perú está cansado de planes. Tenemos el plan Perú Seguro, el plan Protégeme Perú, el plan de lucha contra la criminalidad 2030, el plan contra la trata de personas, el plan contra la criminalidad extranjera. De planes estamos hartos. El tema es que se vean acciones contundentes. Lo que se puede dar a conocer son solamente líneas de trazabilidad para generar una confianza aún mayor en la ciudadanía, pero verla plasmada en acciones como se está empezando a visualizar”, afirmó Rodríguez, teniente general PNP ®, en Red de Comunicación Regional (RCR).
El exministro consideró que el Comando Unificado de la PNP y las FF. AA. debe articular su trabajo con los operadores de justicia para evitar que los detenidos recuperen rápidamente su libertad. “Si la Policía captura todos los fines de semana a 50 delincuentes extranjeros y 49 quedan libres el lunes, podríamos terminar con mil detenidos y 999 libres al día siguiente. Ese no es el espíritu de la norma. Y el tema de las acciones de lucha contra la criminalidad tiene que tener un respaldo de la parte jurídica urgente, porque de lo contrario vamos a estar siguiendo los mismos métodos”, aseveró.
Rodríguez insistió en su propuesta de crear una Superintendencia de Seguridad, Defensa y Justicia que articule el trabajo de la PNP, las FF. AA., el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. La propuesta contempla informar sobre los resultados de cada operativo, desde las capturas hasta las decisiones judiciales y el ingreso de los detenidos a los establecimientos penitenciarios.
Como ejemplo, propuso informar cuántos de los capturados en una operación fueron denunciados por la Fiscalía, cuántos quedaron detenidos por decisión judicial y cuántos ingresaron a prisión. En ese esquema, mencionó al penal Castro Castro como referencia para comunicar el destino de los internos. También cuestionó la liberación de los detenidos por la quema de una combi en la zona norte de Lima, a la que vinculó con ciudadanos mexicanos, y afirmó que todos fueron liberados por un juez.
PNP debe liderar el Comando Unificado
Respecto a la conducción del nuevo Comando Unificado de la PNP-FF. AA., el exministro propuso que el comandante general de la PNP asuma la responsabilidad operativa, mientras el ministro del Interior mantiene la responsabilidad política.
“Yo sugeriría que la Policía Nacional comande el Comando Unificado y que su responsable operativo sea el comandante general de la PNP. ¿Por qué? Porque la institución cuenta con toda la información y tiene las competencias para intervenir, formular actas de detención, garantizar la cadena de custodia e investigar los delitos, funciones que no corresponden a las FF.AA.”, explicó.
Señaló que el Comando Unificado se diferencia de la intervención focalizada en Pataz porque contempla el empleo de fuerzas de tarea combinadas, seleccionadas y entrenadas para ejecutar operaciones en distintas partes del país. No obstante, indicó que el Gobierno debe precisar la cadena de mando y garantizar los recursos necesarios. “Todo plan debe tener dos P fundamentales. La primera es la planificación y la segunda es el presupuesto. Sin presupuesto, ¿qué se pierde? Se pierde la posibilidad de darle una sostenibilidad en el tiempo a este tipo de acciones”, afirmó.
Marco legal para las FF.AA.
El exministro también sostuvo que las Fuerzas Armadas necesitan un marco legal adecuado para intervenir en la lucha contra la criminalidad. Al referirse a las preocupaciones por los derechos humanos, argumentó que la preparación militar responde a funciones distintas de las policiales y que la normativa debe regular las condiciones de su intervención, así como el uso de la fuerza.
“Cuando tú le quieres dar un uso distinto y emplearlos en la lucha interna, entonces tienes que darle un marco legal adecuado, porque si no, no es justo que las Fuerzas Armadas intervengan en base a su doctrina, a su esencia, a su preparación, a su formación y terminen presos, pues, por hacer uso de las armas”, expresó.
En esa línea, Rodríguez respaldó la visita de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador para conocer la estrategia de seguridad del mandatario Nayib Bukele. Sostuvo que esa experiencia incluyó coordinación y supervisión, equipamiento y entrenamiento de las fuerzas del orden, cambios legales y medidas penitenciarias, además de la construcción de megapenales.
Asimismo, criticó a determinadas ONG que promueven narrativas que tergiversan la actuación de policías y militares y contribuyen a cuestionar su trabajo. “Las ONG progresistas, a las que llaman caviares, ven el mundo al revés. Consideran que la pobreza y la ignorancia son su caldo de cultivo para enriquecerse. Además, tienen un discurso de odio y discriminación y se dedican a perseguir a militares y policías, tergiversando la verdad y construyendo narrativas que generan corrientes de opinión contra ellos”, sostuvo.
