RCR, 05 de septiembre 2026.- A pesar de la creciente participación de adolescentes y jóvenes en pandillas y bandas del crimen organizado, el Perú aún carece de una política sostenida para lograr la recuperación y resocialización de quienes ingresan a centros juveniles, advirtió la exjueza y exfiscal Margarita Rentería.
“La administración de los centros juveniles ha pasado de mano en mano. Primero fue en Educación, Salud, Justicia, Poder Judicial, volvió a Justicia y así. Eso es un problema. Segundo: esto hace que no haya una política respecto a la recuperación de los jóvenes, no se avance porque el otro piensa ‘yo lo voy a hacer mejor’ o el otro está tan ocupado con los colegios que al final no lo puede hacer”, afirmó Rentería en Red de Comunicación Regional (RCR).
La exmagistrada y abogada de la PUCP sostuvo que el sistema debe ofrecer respuestas concretas y obligatorias para que los adolescentes infractores recuperen herramientas básicas que les permitan desarrollarse y acceder posteriormente a un empleo.
“Necesitamos que se den sistemas educativos concretos. O sea, yo no necesito que tú me enseñes trigonometría, geometría, nada de eso. Necesito que me enseñes a sumar, restar, y que me des un certificado para que cuando yo vaya a buscar un trabajo, no diga que estoy en primaria o no diga que estoy en primero de secundaria. Necesito equilibrar”, remarcó.
Añadió que la recuperación tampoco puede reducirse al encierro. Consideró necesario revisar el nivel educativo y la capacidad laboral de cada joven para determinar qué apoyos requiere, mientras se evalúa si su situación demanda atención psicológica, tutoría especializada o una intervención psiquiátrica.
Sistema distinto para casos graves
En esa línea, planteó una respuesta diferenciada para los menores involucrados en delitos de extrema gravedad. “Si, por ejemplo, ves que un joven ya es sicario, ya no puede entrar dentro de lo que es el mismo sistema. Entrará en otro sistema intermedio. Pero no en el sistema penal de preso o penal, pero sí un sistema intermedio que sí agudice la intervención de nuestros psiquiatras”, señaló.
La especialista vinculó este desafío con la dimensión de la población juvenil del país. Precisó que en el Perú hay 7.9 millones de jóvenes y pidió que los nuevos gobiernos, tanto el nacional como los municipales, los conviertan en una prioridad, especialmente frente a la creciente presencia de jóvenes en estructuras delictivas.
El problema ya se observa en ciudades como Trujillo, donde operan organizaciones criminales integradas por personas jóvenes, como Los Pulpos y La Jauria.
Hay 9 millones de niños en Perú
La especialista en temas de familia también mostró su preocupación por la niñez y cuestionó la falta de políticas públicas orientadas al cuidado y protección de menores. Recordó que en el Perú existen 9 millones de niños y planteó que las autoridades municipales impulsen programas que permitan a las madres trabajadoras dejar a sus hijos en espacios seguros durante su jornada laboral.
“Son programas que deberían implementarse y que deberían estar, a propósito de ahora las elecciones municipales, en la mira de todos los alcaldes”, sostuvo Rentería al proponer servicios de cuidado, alimentación y talleres para los menores.
Asimismo, aseveró que hay una violencia institucional que, sin expresarse necesariamente mediante agresiones físicas, termina afectando a la población. “Hay una violencia institucional, es una violencia que no es del golpe, que sí está afectando la salud mental en el país”, afirmó al cuestionar la actuación de las instituciones frente a problemas que comprometen el bienestar de niños y familias.
Pensiones y abandono familiar
Sobre el tema de abandono familiar, Rentería cuestionó que algunas decisiones sobre pensiones de alimentos no reflejen las necesidades reales de los hijos. Como ejemplo, observó casos en los que se fija una asignación anticipada de S/ 300, pese a que solo el costo de la educación puede superar ampliamente ese monto.
“El juez de paz debe disponer una asignación anticipada. Entonces todo el mundo dice, ya, yo dispongo. ¿Cuánto? 300. Están viendo que el colegio cuesta 700 y 800, y ponen 300. El 300 no le va a servir al niño ni para pagar el colegio”, cuestionó.
Recordó el caso que resolvió sobre un futbolista peruano famoso que percibía 600 mil euros mensuales en Europa, de los cuales el Estado le retenía 300 mil euros, por lo que le quedaban 300 mil euros mensuales. Explicó que fijó para su hija una pensión equivalente al 10% de todos sus ingresos, con el objetivo de equiparar sus condiciones de desarrollo y garantizarle recursos para su vivienda, alimentación, deporte, educación y otras necesidades durante su crecimiento.
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