RCR, 07 de septiembre 2026.- El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debe aprovechar el estado de emergencia declarado por el Ejecutivo en cinco penales de alta peligrosidad para presentar un plan de gestión que permita impulsar una reforma integral del sistema penitenciario y enfrentar problemas como la corrupción, el hacinamiento y el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles.
Así lo sostiene Leonardo Caparrós, exjefe del INPE, al analizar la medida que se aplicará en los penales El Milagro, en Trujillo; Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima.
“Estos 60 días (de declaratoria de emergencia en los penales) deben servir también para que el nuevo presidente del INPE nos presente un plan. No podemos estar, ni en seguridad ciudadana ni en seguridad en los penales, con acciones aisladas que no respondan a una idea integral. Porque 60 días pueden convertirse en 90, 120, dos años o lo que sea, y la idea es que estas medidas tengan un carácter transitorio”, afirmó Caparrós en Red de Comunicación Regional (RCR).
En ese sentido, señaló que la nueva gestión penitenciaria debe definir las inversiones y reformas que permitan atender la crisis de los establecimientos penitenciarios. En ese marco, consideró necesario conocer qué ocurrirá con los proyectos financiados con apoyo del BID y la CAF, así como con la inversión pública destinada a ampliar la capacidad penitenciaria.
Control de las puertas
Al referirse a la corrupción dentro del sistema penitenciario, Caparrós sostiene que el problema es muy complejo porque los funcionarios del INPE están expuestos a las amenazas de organizaciones criminales.
“Estoy de acuerdo, por ejemplo, con la tercerización de las puertas, que las puertas las tenga otra institución, en este caso son las Fuerzas Armadas, o podría ser un privado, en fin, sólo que hay que tener cuidado”, manifestó.
Agregó que esta medida podría reducir la corrupción y, al mismo tiempo, proteger a los funcionarios penitenciarios que cumplen correctamente sus labores.
“Un primer paso de una reforma más integral tiene que ver con que las puertas las tenga otra institución que no esté cercana, que no pueda ser materia de amenazas y que tenga otras fortalezas. Una sola institución manejando esto no ha funcionado y no va a funcionar en el futuro. El problema de que estén las FF.AA. en la puerta es la capacitación. Toda labor tiene una especialidad. Manejar equipos, tomógrafos y detectores de paquetes no es ciencia oculta, pero no es algo que cualquier persona pueda hacer sin formación”, añadió.
El hacinamiento: problema básico
Caparrós sostuvo que otras medidas más duras, como el apagón eléctrico en las celdas y la restricción severa de las visitas de familiares, no resultan efectivas para solucionar los problemas de seguridad en los penales donde el hacinamiento es el problema más grave.
“El hacinamiento es un problema básico, porque si yo no puedo resolver el hacinamiento, es difícil que haga educación, es difícil que haga tratamiento, es difícil que tenga seguridad. O sea, un penal es donde un agente policial, o quien sea tiene que manejar a 3.000 o 2.000 internos donde deberían haber 500, eso ya no es un penal complejo”, explicó.
Se necesitan más penales
Afirmó que el plan del INPE debería también contemplar la construcción de nuevos penales, así como desarrollar programas de resocialización, especialmente dirigidos a los jóvenes
“Necesitamos más penales, grilletes electrónicos y una política saludable de indultos, gracias y beneficios para poder manejar de manera profesional a quienes deben permanecer en prisión. Y quienes tienen la posibilidad y quieren cambiar y trabajar deben contar con espacios para hacerlo. En este desorden, con los niveles de hacinamiento que tenemos, es casi imposible. Hay 90.000 internos para 40.000 plazas, es decir, una proporción de dos a uno que resulta imposible de manejar. Hay penales donde la relación no es de dos a uno, sino de tres, cuatro o hasta cinco a uno. El promedio es de dos a uno”, expresó.
