RCR, 24 de abril de 2026.- Más de 150 estudiantes de la I.E. 20801 Jorge Chávez, en el centro poblado La Unión, distrito de Sayán, provincia de Huaura, región Lima, reciben clases en condiciones críticas. Estudian en aulas inhabitables, en riesgo de colapso y expuestos a la intemperie cuando ya van más de 50 días del inicio del año escolar 2026. La Contraloría General alertó sobre estas graves deficiencias.
“Al momento de llegar hemos encontrado una situación bastante adversa: gran parte de la infraestructura ha colapsado o está en riesgo de colapso, no existen baños adecuados y los alumnos tienen que utilizarlos pese al peligro. Además, los profesores y los niños se ven obligados a tomar clases fuera del aula por las condiciones del ambiente”, declaró Gerald Flores, vocero de la Contraloría, en Red de Comunicación Regional (RCR).
Infraestructura colapsada y sin salubridad
La inspección, que se realizó en el marco del Operativo Multidisciplinario de Control Territorial 2026, evidenció que el colegio, donde estudian 153 alumnos, también carece de condiciones mínimas de seguridad y salubridad. El funcionario refirió que el cerco perimétrico es inexistente en varias zonas, reemplazado por esteras. “Hay una parte posterior que no tiene ni siquiera un cerco perimétrico que les dé seguridad a la población estudiantil”, dijo Flores.
A ello se suma la precariedad de las aulas prefabricadas, la deficiente calidad del agua para consumo y la improvisación de espacios educativos con apoyo de padres de familia.
Hay inacción de las autoridades
“Una de las causas de esta situación sería la inacción de las autoridades. No cuentan con un expediente técnico para ejecutar la obra y, pese a ello, no se ha priorizado la construcción de nueva infraestructura. Incluso las aulas prefabricadas, algunas entregadas por Pronied del Ministerio de Educación, no reúnen las condiciones adecuadas para brindar el servicio educativo”, precisó Flores.
El vocero de la Contraloría advirtió que las entidades competentes deberán adoptar medidas urgentes en un plazo determinado. “Nos encargamos de advertir esta situación y las autoridades tienen un plazo de 45 días para informarnos qué acciones van a adoptar”, enfatizó.
Inspecciones en el Callao y Lima Metropolitana
En el marco de este operativo a nivel nacional, la Contraloría también desplegó acciones en la región Callao. Entre los establecimientos supervisados figuran el hospital Daniel Alcides Carrión, el hospital de Ventanilla y los centros de salud materno infantil Perú-Corea de Pachacútec y Villa los Reyes, donde se constató la asistencia del personal médico durante la madrugada como parte de las acciones de control.
Asimismo, órganos de control de municipalidades como Miraflores, San Luis y Santa Rosa verifican la correcta prestación de servicios públicos, como la recolección de residuos sólidos, mediante acciones de control concurrente que buscan asegurar que los contratistas cumplan con la dotación de equipos y unidades necesarias para el servicio.
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