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CAJAMARCA: CORRUPCIÓN TOCA A RONDAS CAMPESINAS

Exdiputado, Manuel Jesús Bustamante, manifestó que la necesidad de aplicar la olvidada Ley de la Meritocracia, como una forma de combatir la corrupción y el clientelaje político, en los tres sectores de gobierno existentes en el país.

RCR, 6 de febrero 2019.- La lucha efectiva contra la corrupción y el mal uso de los fondos públicos, por parte de los tres niveles de gobierno en el Perú, local, regional y nacional, pasa por el fortalecimiento de la Contraloría General de la República, afirmó el exdiputado, Manuel Jesús Bustamante.

“Se necesitan valores y principios de las personas que fiscalizan y controlan. Pienso que el Estado y el gobierno nacional deben fortalecer Contraloría. Y fortalecer la Contraloría significa dotarle del presupuesto adecuado para que puedan contratar a fiscalizadores y contralores para que se distribuyan, a nivel nacional”, subrayó. 

El exlegislador por Cajamarca destacó la gestión de Nelson Shack, como titular de la Contraloría, al considerar que “es una persona que tiene valores morales”.

“Podría hacer bastante si es que el Estado y el gobierno central le otorgasen los recursos. Y normas para que gente honorable sea convocada a integrar el equipo fiscalizador de la Contraloría”, recalcó.

Indicó que en esta ardua tarea de combate a la corrupción se necesita también de la participación activa de la ciudadanía, especialmente los dirigentes comunales y las autoridades locales y regionales.

“Porque en el Perú hay tres niveles de gobierno. Nacional; intermedio, que es el regional; y los locales, que son los gobiernos municipales. Pero la corrupción está desplazada en esos tres niveles. Ahí está el problema. Entonces, son los ciudadanos. Pero ¿cómo podrían contribuir?… Con la participación en sus comunidades”, anotó.

Rondas campesinas han caído en las garras de la corrupción

En ese sentido, reveló que en Cajamarca un gran sector de las rondas campesinas, que teóricamente cumplían esta labor de fiscalización, ha caído recientemente en posibles actos de corrupción. 

“Ojalá que haya algún dirigente honesto. Es lamentable. Porque aquí, en Chota, por ejemplo, los ronderos, en quienes antes confiábamos, ya no gozan de esa sinceridad y este prestigio de honradez. A veces entran y confabulan también con la corrupción”, apuntó.

El activista de la lucha contra la corrupción, en Cajamarca, propuso entonces que si existiese una obra que se esté desarrollando en una comunidad o centro poblado que esté siendo sobrevalorada, el fiscalizador se constituya en lugar para verificar si se justifica o no el costo que se consigna en los papeles oficiales.  

“Porque hemos visto, por ejemplo, la construcción de escuelas. Una escuela dicen haberla construido y solamente hacen un aula. Sin embargo, sale el dinero para la construcción de esa escuela (en su integridad). Y lo justifican. Por eso, cuando hay elecciones los futuros alcaldes, siendo candidatos, invierten, pues, porque saben que de esa forma pueden ´recuperar´ su plata”, especificó.    

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Bustamante manifestó que la necesidad de aplicar la olvidada Ley de la Meritocracia, como una forma de combatir la corrupción y el clientelaje político, en los tres sectores de gobierno existentes en el país.

“Hay una ley que nosotros dejamos cuando reformamos el capítulo 14 de la Constitución, sobre Descentralización, A la vez, salió una Ley de Meritocracia para que hay concurso público de direcciones y gerencias, a nivel de las regiones”, detalló.       

En ese contexto, refirió que el clientelaje político siempre va a existir. “Lamentablemente, las oficinas del Estado que, en este caso, son las municipalidades, están a su disposición para que, a aquella gente que ha colaborado con la campaña, le den un puesto de trabajo, valga o no valga. Entonces, la meritocracia no interesa”, deploró.  

De igual modo, Bustamante estimó que se necesita modificar las normas sobre participación electoral, a fin de afrontar la impunidad de las autoridades nacionales, locales y regiones; así como su disposición a utilizar fondos para agitación política, entre otras acciones vedadas.  

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