Fuente: IPE

• Las medidas fueron elaboradas y consensuadas con diversas organizaciones e incluyen proyectos normativos para facilitar su implementación.

Lima, miércoles 1 de octubre de 2026.- El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó propuestas de política en tres ejes —mercado laboral, seguridad ciudadana y descentralización— para ampliar las oportunidades de empleo formal, proteger la actividad económica frente a la extorsión y mejorar los servicios públicos que reciben las familias. El trabajo incluye los proyectos normativos necesarios para su discusión e implementación.

Las propuestas fueron elaboradas y consensuadas por el IPE, Hágase Instituto, el Consejo Privado de Competitividad, Apoyo Consultoría, Apoyo Comunicación, Horizonte Laboral, GRADE y el Instituto de Criminología, y cuentan con la adhesión de REDES. Su presentación reunió a empresarios, académicos y periodistas en el seminario “Agenda de reformas prioritarias para el Perú”.

Más oportunidades de empleo formal para los jóvenes

Más de 300 mil puestos de trabajo juvenil se perdieron frente al 2019, y entre los jóvenes que sí laboran, 8 de cada 10 trabajan en la informalidad. La falta de información para elegir qué estudiar, las dificultades para financiar la formación y su escasa conexión con las necesidades de las empresas limitan sus oportunidades laborales. Mayen Ugarte, presidenta ejecutiva de Horizonte Laboral, presentó el paquete de medidas para atender estas barreras.

Se propone fortalecer la plataforma Mi Carrera con información actualizada sobre empleabilidad, ingresos y trayectorias de egresados, para que los jóvenes y sus familias puedan comparar opciones de formación. También se plantea impulsar la formación dual, combinando estudios y aprendizaje en empresas, ampliar el acceso a créditos educativos con garantías compartidas entre el Estado y las instituciones educativas, y otorgar un subsidio temporal a la contratación formal juvenil.

Para elevar la productividad, se propone precisar la deducción tributaria de gastos de capacitación, incluso cuando beneficien a trabajadores específicos, y facilitar el otorgamiento de bonos por el cumplimiento de metas. Además, se plantea distribuir el 75% de las utilidades según las remuneraciones y el 25% según los días laborados. Esto incentivará la capacitación y permitirá que las mejoras de productividad se traduzcan en mayores ingresos. El paquete también propone elevar la indemnización y establecerla como protección general frente al despido arbitrario, reservando la reposición para los despidos nulos, como los vinculados a discriminación, embarazo o libertad sindical. Finalmente, se plantea evaluar a la Sunafil por sus resultados en incorporación de trabajadores a planilla, acompañamiento a las MYPE y la prevención de riesgos, prohibiendo incentivos vinculados a las multas.

El panel contó con Gustavo Yamada, vicerrector de Investigación de la Universidad del Pacífico y director del BCRP, y Diego Macera, director del IPE y el BCRP; y fue moderado por María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1 de El Comercio. Yamada destacó que la formación dual debe responder a la demanda de las empresas y el dinamismo económico sectorial y que la plataforma Mi Carrera no solo debe actualizarse, sino también promover su uso para orientar las decisiones educativas. Por su parte, Macera resaltó el rol del sector privado para generar espacios de formación con las capacidades que más demandan.

Intervenciones sostenidas contra la extorsión

La extorsión permite a las organizaciones criminales controlar actividades económicas mediante amenazas y cobros. Desde 2021, las denuncias fiscales por extorsión se multiplicaron por 5.5 en el Perú. Frente a una respuesta estatal fragmentada, la propuesta presentada por Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología, plantea crear el Sistema Nacional de Intervención Territorial contra la Extorsión y el Crimen Organizado (SINEX), bajo la conducción de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El sistema prioriza zonas según su riesgo criminal y la afectación económica y social. En esos territorios se coordinarían investigaciones, operativos y acciones de prevención entre la Policía, las fiscalías y las demás entidades competentes, con objetivos definidos y seguimiento. Se busca sostener la intervención para reducir el control de las redes extorsivas sobre los negocios y las comunidades.

Para ello, es necesario conectar las bases de datos de las entidades involucradas, para que crucen información e identifiquen patrones y vínculos criminales. Las intervenciones se evaluarían con indicadores de victimización y recuperación del control territorial, y contarían con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. La implementación comenzaría progresivamente mediante pilotos.

Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype, y Carla Campos, presidenta de AGREMUB, participaron del panel moderado por Javier Prialé, editor de Economía de RPP. Para Hermoza, es clave generar espacios de articulación entre las municipalidades, el sector privado y las empresas. Por su parte, Campos resaltó la vulnerabilidad de las bodegas frente a la extorsión, más marcada en el norte del país por sus vínculos con otras economías ilícitas, como la minería ilegal.

Evaluar los servicios para corregir la gestión descentralizada

La transferencia de funciones y recursos a regiones y municipios no ha asegurado mejoras sostenidas en los servicios públicos. Persisten responsabilidades superpuestas, diferencias de capacidades y dificultades de coordinación. La propuesta presentada por Paola Bustamante, directora de Hágase Instituto, moderniza la Ley de Bases de la Descentralización, identifica sus fallas y orienta su corrección.

Se plantea establecer un mecanismo público de evaluación del avance en el cierre de brechas, a cargo de un Consejo Independiente adscrito a la PCM. Este medirá el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios vinculados a competencias compartidas o delegadas, y analizaría qué frena las mejoras. Sus recomendaciones orientarán las prioridades de gestión y presupuesto al exigir respuestas y acciones concretas de las entidades competentes.

También se fortalecerá la Secretaría de Descentralización de la PCM para revisar la distribución de funciones compartidas y coordinar ajustes entre niveles de gobierno. Además, incorporar progresivamente transferencias con criterios de desempeño y financiamiento vinculado a resultados verificados en los servicios. Todo ello preservando la autonomía de los gobiernos regionales y locales.

Carlos Casas, director del Centro de Estudios en Energía, Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, y Yamila Osorio, exgobernadora regional de Arequipa y coordinadora nacional de Cultura Democrática, comentaron la propuesta en un panel moderado por Whitney Miñán, editora de Economía del Diario Gestión. Para Osorio, una descentralización con resultados exige una mayor coordinación entre los niveles de gobierno y un ejercicio efectivo de la rectoría de los ministerios. En tanto, Casas sostuvo que avanzar en una reforma requiere un liderazgo claro, mecanismos de coordinación intergubernamental y un sistema de información descentralizado que permita evaluar resultados con precisión.

Las presentaciones están disponibles en el siguiente enlace: https://ipe.org.pe/propuestas-de-politica/