El calendario marca mayo de 2026 y, tras casi cinco años de promesas incumplidas, el sentimiento de desamparo en las calles peruanas no es solo una percepción, es una condena diaria. Desde la inestabilidad que marcó el inicio de la década con Pedro Castillo, pasando por la sangrienta inercia de Dina Boluarte, hasta llegar al actual interinato de José María Balcázar, la seguridad ciudadana en el Perú parece un barco sin timón, donde lo único que avanza es el crimen organizado.

La crisis que hoy asfixia al país no nació ayer; es el resultado de una acumulación de gestiones fallidas. El periodo de Pedro Castillo (2021-2022) nos dejó una rotación ministerial tan frenética que era imposible trazar una estrategia seria.

Luego, Dina Boluarte (2022-2025) cerró su ciclo con una cifra aterradora: más de 5,000 homicidios en mil días de gestión. Para febrero de 2025, la mayoría de los peruanos ya la señalaba como la principal responsable de un país que se desangraba bajo la sombra de la extorsión.

Tras el breve y accidentado paso de José Jerí, quien ni siquiera llegó a presentar su plan antes de la vacancia, asumió José María Balcázar. Sin embargo, a 85 días de su juramentación, el panorama es desolador.

Su «Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028» ha nacido muerto en la práctica: las motos lineales siguen siendo sinónimo de asalto y los transportistas continúan pagando cupos bajo amenaza de muerte.

Resulta casi insultante que, mientras el 85.1% de la población urbana vive con el corazón en la boca por temor a ser víctima de un delito, los reportes oficiales de la PNP de abril y mayo de 2026 intenten dibujar una «reducción» de homicidios basada en operativos focalizados. ¿De qué sirven los números fríos en un Excel si el ciudadano no puede contestar el teléfono sin miedo a una amenaza extorsiva?

Un Gobierno que no despega

El presidente Balcázar no solo enfrenta la criminalidad, sino su propia incapacidad política. Con una desaprobación que supera el 60% en Lima y Callao, su gestión se ha visto debilitada por crisis internas y decisiones polémicas, como el freno a la compra de los F-16, que provocó la salida de sus ministros de Relaciones Exteriores y Defensa. Mientras el Ejecutivo se enreda en pasillos palaciegos, la seguridad sigue siendo el gran pendiente.

Conclusión

El Perú de mediados de 2026 es un país que no ve la luz al final del túnel. Los estados de emergencia se han vuelto parte del paisaje, perdiendo toda efectividad por puro desgaste. No necesitamos más planes quinquenales que se quedan en el papel, ni cifras maquilladas que intenten tapar el sol con un dedo.

Necesitamos liderazgo, continuidad operativa y una reforma real que devuelva la calle al ciudadano y la cárcel al delincuente. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de cómo la inseguridad termina de devorar las instituciones que aún quedan en pie.