RCR, 09 de mayo de 2026.- El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, salió al frente de las críticas contra las denominadas actas de la serie 900 mil, utilizadas principalmente en zonas rurales y alejadas del país. Ante las dudas sembradas sobre la legitimidad de estos votos, Gutiérrez fue tajante al señalar que quienes cuestionan este mecanismo «no conocen el Perú».

Explicó que estas actas son herramientas fundamentales para garantizar el derecho al sufragio en localidades de difícil acceso, permitiendo que más de un millón de ciudadanos en centros poblados rurales y amazónicos participen en la vida democrática.

Gutiérrez reveló que en estas mesas especiales se registró un 26% de ausentismo. Si bien reconoció que es una cifra que merece análisis, subrayó un dato clave: no existen observaciones registradas por personeros en dichas actas. Atribuyó las dudas a la «escasa o nula participación» de representantes partidarios en esas zonas, pero enfatizó que las instituciones no pueden basarse en «elucubraciones» o especulaciones sin pruebas fehacientes.

«Negligencia grave compartida» entre ONPE y JNE

A pesar de defender la validez del sistema de votación, el titular de la Defensoría no escatimó en críticas hacia la gestión logística para las elecciones del 12 de abril . Sostuvo que existió una «negligencia grave compartida» entre la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Falla de articulación: Gutiérrez señaló que el JNE falló en su labor de fiscalización al no verificar que todo el material electoral estuviera en los locales a las 11:59 p. m. del sábado previo, como dicta el plan operativo.

Responsabilidad política: Cuestionó que la responsabilidad se concentrara solo en el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, recordando que el sistema electoral funciona de manera articulada. «No es ONPE separado al JNE», remarcó.

En un llamado a la calma y a la objetividad, el Defensor ratificó que el informe final de observación de su institución no encontró evidencias de un fraude electoral sistémico.

«No hemos encontrado pruebas fehacientes que puedan acreditar un fraude que haya perjudicado de manera exprofesa e intencionalmente el sufragio», sentenció.

Para Gutiérrez, es inviable pensar en una conspiración que involucre a más de 270 mil miembros de mesa, además de las misiones internacionales, la Fiscalía y otras entidades supervisoras. Finalmente, exhortó a los líderes políticos a evitar la polarización y a actuar con responsabilidad para recuperar la confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta.