RCR, 19 de Enero 2026 .- César Sandoval Pozo, exministro de Transportes y Comunicaciones, calificó como inapropiada y carente de ética la presunta reunión del mandatario José Jerí en un local comercial de San Borja, señalando que estos actos vulneran la institucionalidad presidencial y deben ser plenamente transparentados ante la ciudadanía.
“El presidente está obligado a despachar exclusivamente desde Palacio de Gobierno y conforme a los protocolos oficiales, recordando antecedentes similares ocurridos en anteriores gestiones. Pero, reunirse de manera clandestina con empresarios proveedores del Estado, especialmente vinculados al MTC, no solo es reprochable desde el punto de vista moral, sino que podría tener implicancias legales”, dijo en La Semana por RCR.
Asimismo, vinculó estos hechos con presuntas presiones políticas que habría recibido durante su gestión para no retirar de su cargo a un funcionario de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), pese a contar con informes de la Contraloría General de la República que advertían irregularidades graves.
“Se solicitó la renuncia del funcionario tras detectar el pago total de una obra valorizada en 13 millones de soles, cuando esta solo registraba un avance del 20%, además del uso de cartas fianza falsas. Y a pesar de haber informado de estos hechos a altas instancias del Ejecutivo y haber remitido la documentación correspondiente, el funcionario fue posteriormente ratificado en el cargo”, expresó.
Sandoval sostuvo que esta permanencia coincidió con el impulso de procesos de adquisición sensibles, como la compra de 8 mil cámaras de videovigilancia, lo que, a su juicio, refuerza la existencia de concertaciones y tráfico de influencias dentro del sector.
“Incluso hay obras que él había declarado nulas por presuntos actos de corrupción fueron posteriormente reactivadas, firmándose contratos y otorgándose adelantos económicos. Indicó que estas obras estarían vinculadas a consorcios de origen chino y que los hechos ya fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y la Contraloría”, enfatizó.
Manifestó que no se trata de especulaciones, sino de hechos concretos que ameritan una investigación exhaustiva, y que la gravedad de las denuncias contrasta con la falta de reacción institucional. “El país necesita explicaciones claras y transparencia total, porque el silencio oficial solo incrementa la desconfianza ciudadana frente a los actos del poder político”, anotó.
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