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UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PRODUCIRÍA CAOS EN PERÚ

Fuente  Diario el Tiempo de Piura 

“Tiene que cumplirse lo que se ha dicho a la población [respecto a una nueva Constitución] y creo que existe la necesidad de recuperar la credibilidad de la clase política, más allá de que estemos de acuerdo o no con las propuestas”, mencionó, hace unos días, el maestro Alex Paredes, el nuevo vocero de Perú Libre.

Con estas palabras, el partido político que ha llevado a Pedro Castillo a estar cerca de sentarse en Palacio de Gobierno ratificó su propuesta bandera: llamar a una asamblea constituyente para crear una nueva Carta Magna que sea más favorable con la población vulnerable. Sin embargo, los especialistas cuestionaron la conveniencia de la medida y la misma constitucionalidad de esta.

“Las constituciones tienen efectos económicos poderosos; los países se hunden y se levantan con estas. Por ejemplo, con la del 79, cerca del 89% de los peruanos cayeron en la pobreza. De todas maneras, nadie sabe si Castillo la puede cambiar poque no tiene mayoría en el Congreso. ¿Qué va a hacer?, ¿golpe de Estado?, ¿de qué habla?”, cuestionó el economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Carlos Adrianzén.

Señaló que la mayor parte de los ciudadanos no quiere cambios constitucionales, algunos quieren pocos cambios y solo un pequeño grupo exige cambios radicales. Resaltó, además, que el capítulo económico de la Carta Magna ya ha sido desmontado por los gobiernos anteriores y poco queda de la del 93.

“Cualquier mal cambio traerá hambre, pobreza y atraso. En cambio, todo lo que mejore la libertad de los peruanos es bueno, los datos lo demuestran. Si algo bueno tuvo la Constitución del 93 fue que aumentó la libertad. ¿Aceptará la gente que por una limosna les quiten la libertad? Todo el mundo quiere regalitos y eso no funciona; lo que requiere el Perú es un entorno económico que le permita florecer”, criticó.

Por su parte, el economista Juan José Marthans enfatizó que, a partir del 28 de julio, estaremos sujetos a la opinión internacional y a las calificadoras de riesgo, las que dijeron que, de haber un cambio sustancial, habría una reevaluación y reducción en nuestra calificación; es decir, se limitaría nuestro acceso a créditos del exterior y eso supondría costos muy altos.

“Deben puntualizar sobre qué aspectos van a trabajar. Podríamos apuntalar algunos puntos, como la necesidad de buscar que la participación del sector público sea exclusivamente temporal y continúe su rol subsidiario solo para casos en los que la inversión pueda justificar el apoyo a ciertos proyectos de inversión de carácter social; que sea algo más inclusivo”, dijo.

Hizo hincapié en que un cambio radical de la Constitución sería una catástrofe, por lo que las mejoras deben ser bien detalladas, no tocar el capítulo económico sin una dirección clara o de manera arbitraria.

No lo van a dejar

El analista político, Gerardo Távara, recordó que no se puede modificar la Carta Magna ni crear una nueva sin pasar por el Congreso; incluso para ir a un referendo se debe pasar primero por este poder del Estado.

“Incluso para ir a un referendo se debe pasar por el Congreso, como ocurrió en el 2018 para las reformas al sistema de justicia. Es inevitable, así sea para convocar una asamblea constituyente. Castillo necesitaría 87 votos y no los tiene. El presidente no está facultado para hacer las cosas solo por su cuenta”, expresó.

En ese sentido, consideró necesario que el candidato de izquierda dialogue con los grupos parlamentarios para ver qué aspectos deben ser reformados, como la evaluación del retorno a la bicameralidad, la revisión de los derechos laborales, la reforma política y judicial, ente otros temas.

“Veo muy difícil un cambio total de la Constitución, pero si debe haber reformas, por ejemplo, para que el Estado cumpla un rol más activo en la economía y garantice un acceso más equitativo a los beneficios del desarrollo económico. No hay que tenerle miedo a la reforma, pero hay que producir un debate serio e informado”, añadió.

En el mismo sentido opinó el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, quien aseveró que la modificación de la Carta Magna debe ser llevada a cabo por técnicos y no por políticos; “estamos acostumbrados a que las reformas las hagan los políticos, cuando deberían ser los constitucionalistas, sociólogos u otros expertos, pues la clase política solo persigue su propio beneficio”.

Afirmó que cambiar la Constitución, en estos momentos, no es posible porque no basta con la voluntad de Castillo y la convocatoria a asamblea, sino que debe tener la venia del Congreso. Además, un proceso de esa naturaleza traería mayor inestabilidad política, económica y jurídica.

Cabe mencionar que el virtual congresista de Somos Perú, Wilmar Elera, también fue consultado por nuestro medio sobre un posible apoyo a la iniciativa de Perú Libre, a lo cual respondió que no habrá ninguna violación a lo estipulado en la Carta Magna; sin embargo, no se negarán a brindar su apoyo para reformas que puedan ser indispensables para garantizar la gobernabilidad del país.

“Sí debemos modificarla, bajo el mismo proceso estipulado en ella, porque necesitamos que sea una Constitución más cercana al pueblo. Hacer una nueva sería mayor crisis política, laboral, de inversiones, y no vamos a apoyar algo que genere problemas. Mientras que hay artículos, como el 113 sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral, que deberían ser revisados para proteger al presidente y evitar vacancias automáticas. Queremos gobernabilidad”, declaró.

“No es indispensable”

Pese a que Perú Libre se mantendrá firme en su propósito, el integrante de su equipo técnico, Pedro Francke, señaló que no es necesario un cambio en la Constitución para hacer realidad las modificaciones que propone el partido.

“Se pueden hacer muchas cosas con un gobierno progresista de izquierda con este capítulo económico. ¿Es indispensable cambiar el capítulo económico para cambiar la política económica? No”, comentó.

Aunque dijo que discrepa con varios artículos, como el que establece que la inversión extranjera tenga los mismos derechos que la inversión nacional.

Lo cierto es que no parece haber tanta coherencia en los discursos del partido de izquierda: sus verdaderas intenciones las sabremos luego del 28 de julio.