RCR, 16 de Marzo 2021 .- Gino Saldaña Calderón, secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial (FNTPJ), demandó a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, canalizar de manera urgente la vacunación contra el COVID-19 a cerca de 7,000 servidores del sector que laboran de manera presencial a nivel nacional.
“Hay personal que tiene que hacer trabajo presencial. A esas personas, nosotros estamos exigiendo a la doctora Elvia Barrios, que se canalice de manera urgente su vacunación. Nosotros entendemos que hay tres fases y es lamentable que en la segunda fase se haya incluido a los reos, mientras el trabajador estatal que se expone no y es indignante y preocupante”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que los trabajadores suman 25 mil, pero los que tienen contacto directo son 7,000 a nivel nacional, que considera pueden ser atendidos de manera urgente. “No es la primera vez que emplazamos a la doctora Elvia Barrios y lamentablemente no da solución, porque está pendiente un aumento remunerativo para esos compañeros que menos ganan, de 1,300 a 1,950 soles, y que a la fecha no se ha concretado, a pesar que han transcurrido dos años”, dijo.
“Hoy en día hay un promedio de 25% de trabajadores que hacen trabajo presencial. No me refiero a jueces, consejeros y magistrados, nos referimos a aquellos agentes de seguridad que tienen contratos CAS, que ganan 1,300 soles y reciben líquido 1,150 soles. Estamos reclamando por esos notificadores que tienen que exponerse día a día. Nos referimos también al personal de limpieza que todos los días hacen su labor en todas las instalaciones. Los choferes y los secretarios judiciales”, afirmó.
Aseveró que su demanda no es un capricho, sino un tema netamente jurídico y viable. “Hay personal en el Ministerio Público que se está vacunando. Hemos perdido 107 vidas de trabajadores en todo el Perú y eso nos obliga a poder emplazar a la presidente. Nosotros también hemos exigido las pruebas antígenas para evitar el contagio, aunado a ello estamos exigiendo la modernización de la justicia y la digitalización. No es posible que un expediente de alimentos dure dos años. Respecto a la modernización hay presupuesto”, manifestó.
“Si un agente de seguridad, que gana líquido 1,150 soles, se infecta con este virus maligno del COVID-19, usted cree que va a dejar de alimentar a su familia para curarse de esta enfermedad cuando no hay oxígeno, no hay camas UCI. Llamamos a la reflexión y la situación se agrava en aquellos trabajadores CAS que son vulnerables, que son hipertensos, que sufren de diabetes o de una enfermedad grave. Ahora lo que está haciendo la presidente del Poder Judicial es que ya no les esta renovando el contrato pese a la pandemia”, aseguró.
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