Fuente: Diario Correo

Jurista señala que el artículo 206 de la Carta Magna precisa que el Mandatario no puede observar una reforma de este tipo. Luciano López también observa visos ilegales en intento del Gobierno

El Tribunal Constitucional (TC) puede inclinar la balanza. Y es que el presidente de dicha instancia, Ernesto Blume Fortini, sostuvo ayer que el mandatario Martín Vizcarra Cornejo simplemente no puede imponerle al Congreso el contenido y los alcances que debe aprobar en una ley.

Así, Blume puso un hito en la controversia respecto a la legitimidad de la cuestión de confianza anunciada por el Ejecutivo, que polariza a juristas, políticos y a la ciudadanía en general.

Mediante un comunicado, el magistrado enfatizó que las competencias de cada poder del Estado se deben respetar y que “no se pueden ni deben imponer las cosas”, sobre todo cuando se trata de modificaciones a la Carta Magna.

“El Presidente de la República no está habilitado constitucionalmente para imponer al Poder Legislativo la aprobación del contenido o alcances de una ley de reforma constitucional, por ser aquella una norma de rango constitucional, respecto de la cual el citado artículo 206 prohíbe observarla”, reza la mencionada nota de prensa.

Dicho artículo, en su segundo párrafo, señala a la letra que: “La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República”.

Tal posición se opone a la postura del Gobierno, el que adelantó que dará por rechazada la anunciada cuestión de confianza si el Parlamento aprueba los cinco proyectos de ley que han priorizado sin respetar su esencia o sus lineamientos principales.

REBATE
Blume Fortini, sobre el tema, explicó que el Parlamento puede modificar la Carta Magna debido a su capacidad de poder constituyente y que estos cambios, asimismo, tienen rango constitucional, razón por la cual el Gobierno no puede pronunciarse.

“El Presidente de la República ejerce un poder constituido y su capacidad de observación de las leyes del Congreso está constreñida a la observación de las leyes con rango de ley”, agrega el citado comunicado, difundido para que el titular del TC formule un llamado a un diálogo nacional en el que se debatan -”con serenidad y prudencia”- las reformas impulsadas por el Gobierno.

Tras conocer las declaraciones de Blume, la también magistrada del TC, Marianella Ledesma, aclaró que la postura que este expresó es una “opinión”, y no un acuerdo del pleno de esa instancia.

Agregó que no considera “oportuno o prudente” la posición de su compañero, y más cuando dicho Tribunal está por pronunciarse en el tema.

MEDIDAS EN CONTRA
Ledesma aludió de esta manera a la demanda competencial que interpondrá en el TC el legislador Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria) para delimitar los alcances de la cuestión de confianza.

“Hay que promoverlo a nivel del Parlamento para que la Junta de Portavoces o el pleno lo hagan suyo y lo presenten ante el Tribunal Constitucional”, manifestó en diálogo con Correo.

El exoficialista también anunció, en su cuenta de Twitter, que presentará una acción de amparo con el mismo fin, en un juzgado constitucional del Poder Judicial (PJ).

“Este pedido tiene dos aspectos cuestionables. Uno es el plazo y el segundo la imposibilidad de modificar la propuesta del Ejecutivo. ¿Es constitucional o no lo es?”, dijo más tarde en Canal N.

Para responder esta pregunta, Violeta se amparó en el argumento formulado por Ernesto Blume, y remarcó que cuando el Congreso aprueba una reforma constitucional, el Gobierno no la puede objetar luego.

“Nadie puede renunciar a su obligación de legislar. Cuando nos dicen que no se puede cambiar el tenor (de un proyecto de ley), se limita el derecho de legislar”, resaltó.

Añadió que la demanda competencial tendría que ser suscrita por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y la Junta de Portavoces, mientras que la acción de amparo podría plantearse de manera individual o grupal.

INCONSISTENCIAS
Por otro lado, más de un especialista reforzó lo dicho por Blume. Óscar Urviola, exmagistrado del TC, dijo por ejemplo que a pesar de que la cuestión de confianza es una facultad del Ejecutivo, este no tiene la prerrogativa de fijar plazos y conminar a que la primera votación de la reforma se debe aprobar en esta legislatura.

“Creo que es una interpretación errónea de la ley”, refirió a Correo.

A su turno, el abogado Luciano López cuestionó que el Gobierno adelante que valorará la confianza, cuando es el Congreso quien la otorga o deniega.

“Esa frase para mí es inconstitucional. El único que decide eso es el Parlamento. Hay una oportunidad para que la confianza sea aceptada o rechazada y esa es el martes”, resaltó a este diario.

El letrado agregó que, después, cuando los proyectos se aprueben, no se puede decir si la confianza se aceptó o no. “No es su competencia, estaría fuera de una oportunidad”, exclamó.

En ese sentido, López interpretó que dicho instrumento se “planteó adrede, porque es un pedido inaceptable”.

En sintonía, Urviola dijo que la cuestión de confianza se vota en la misma sesión del pleno en la que se sustenta, o a más tardar al día siguiente, de acuerdo con el Reglamento del Congreso.

“Se debate y se vota. No se puede postergar a otra fecha, y menos condicionar a si se cumplió o no se cumplió después”, subrayó, para insistir en que el Gobierno pueden condicionar.

Agregó, asimismo, que el Ejecutivo no tiene ningún amparo constitucional o legal que prohíba al Legislativo modificar una reforma constitucional.

“Es una posición del Ejecutivo (que el Parlamento mantenga la esencia de los proyectos). La aspiración es que se aprueben en esencia, pero eso resta discrecionalidad y la facultad del Legislativo de hacer un debate y ejercer su labor”, dijo.

Para el exmagistrado, el tema es tan discutible y opinable, que hasta puede generar una situación de crisis.

AFRONTA

El presidente de la República, Martín Vizcarra, en tanto, afirmó estar dispuesto “a enfrentar cualquier reacción” de aquellos que se oponen a la reforma política.

“Sabemos que no es fácil, sabemos que cuando queremos hacer cambios o reformas estructurales, hay gente que quiere mantener el estatus quo, hay mucha gente que quiere que nada cambie”, declaró desde Yungay, en Áncash, durante la ceremonia de homenaje a las víctimas del terremoto de 1970.

Consultado sobre un posible “contraataque” de Fuerza Popular, replicó que dichos sectores, cuando sienten que sus privilegios son afectados, “reaccionan, contraatacan y acusan”.

Por otro lado, consideró que hay tiempo suficiente para que el Congreso de la República apruebe los cinco proyectos de reforma política sobre los cuales está planteada la cuestión de confianza.

“Así como pedimos confianza, tenemos la confianza que el Congreso va a aprobar y que hay tiempo prudencial más que suficiente para esos conceptos”, manifestó.

En tanto, el premier Salvador del Solar sostuvo que el Gobierno no somete al Congreso con la cuestión de confianza anunciada para la reforma política, pues al final es decisión del Parlamento si la acepta o no.

“La confianza no pasa por un mandato imperativo porque son ellos los que deciden (…), nosotros creemos que esto tiene que hacerse. Nos pueden decir que no, si nos dicen que no, nos vamos”, precisó.

CIFRA 

12 proyectos de ley presentó el Ejecutivo al Congreso para la reforma política el 10 de abril.