RCR, 24 de agosto de 2020.- El, secretario del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro Chipana, expresó su rechazo a la resolución 326 del Ministerio de Educación, que regula los convenios para la gestión de los colegios públicos a cargo de entidades sin fines de lucro, al considerar que esa norma es privatizadora.

“La resolución establece que quedan abierta la posibilidad de suscribir convenios a efectos de que instituciones privadas nacionales y extranjeras puedan hacerse a cargo de una o más instituciones educativas. Dice en el texto también que el Estado va a pagar todo dentro de su disponibilidad presupuestal. Toda norma privatizadora siempre ha tenido esa palabrita, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, y siempre la esa disponibilidad ha sido reducida”, afirmó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Remarcó que este documento es una puerta abierta innegable para la privatización de la educación. Los padres de familia y los trabajadores del magisterio tenemos que rechazar y pedir la derogatoria de esta resolución ministerial, indicó. “El Ministerio de Educación está renunciando a su responsabilidad. Todo estado tiene que velar por la salud, la educación, la seguridad y la previsión social”, dijo.

Sobre el proyecto de ley presentado en el Congreso, que propone autorizar el retiro de fondos de la Derrama Magisterial, comentó que es una propuesta que no busca beneficiar a todos los maestros. “Hay 260 mil afiliados y el universo del Magisterio es de 400 mil. Si hay más de 100 mil profesores que están con título esperando contratación o nombramiento, ellos no van a recibir ni un solo sol. Los maestros jubilados no van a recibir la devolución de aportes. Los maestros contratados, que son 150 mil, no van a recibir esos aportes”, manifestó.

“Si se tiene en cuenta los 160 mil maestros que tienen créditos otorgados por la institución, si se aprueba la ley ellos van a tener que devolver esos créditos para a su vez efectuar la devolución de los aportes. Eso es impracticable y más si la Derrama Magisterial es una empresa privada. Por eso hemos dicho a los congresistas que reflexionen o deriven el proyecto a la comisión de educación para que tomen una decisión más técnica o asertiva”, remarcó.

Fallecidos por COVID

Reveló asimismo que hasta la fecha 650 trabajadores fallecidos por COVID entre docentes y auxiliares de la educación. “De esos, 424 han recibido lo que corresponde al beneficio por fallecimiento que se entrega a los afiliados a la Derrama Magisterial, el resto son docentes y trabajadores no afiliados. Para esos deudos, exigimos al Gobierno la aceleración de los subsidios que la ley obliga y que generalmente se retrasa un año”, indicó.

Subrayó que a raíz de esos fallecimientos, 100 mil alumnos han quedado abandonados. “Hay 650 trabajadores fallecidos y cientos de contagiados. Si un maestro fallece, para que pueda ser cubierto ese vacío con otro docente, se tiene que generar una resolución directoral que establezca el cese por fallecimiento. Ese trámite demora dos meses y eso significa que en ese tiempo el alumno se queda sin docente. Y si se toma en cuenta que cada docente es responsable de cinco aulas de 30 alumnos, vemos que más o menos 100 mil alumnos están abandonados a su suerte”, precisó.

“Si nos referimos a docentes que están contagiados, algunos que siguen trabajando y otros que están en una situación crítica y han dejado a sus alumnos por la enfermedad, hay más alumnos abandonados. Más aún si tenemos alumnos que han migrado de la escuela privada a la pública. El Estado no ha generado más contratación de docentes y se ha limitado a denominar al profesor encargado del aula de innovación pedagógica como tutor de acogida, y ha puesto sobre los hombros de ese maestro los alumnos que provienen de la escuela privada”, dijo.

“Por eso, hemos exigido al Gobierno que el proceso de contratación de docentes para esos alumnos, que más o menos llegan a los 110 mil, se procese de la manera más rápida en vez de rehuir la responsabilidad y se implemente el presupuesto que de 971 millones que a la fecha prácticamente no invierte nada”, agregó.

Dificultades de “Aprendo en casa”

Castro enfatizó que la estrategia “Aprendo en casa” tiene múltiples dificultades. “En esta estrategia intervienen padres de familia, alumnos, docentes y el Estado. Los padres han cumplido mientras estuvieron en casa, pero ahora salen a trabajar y ahí genera deserción de alumnos. El docente cumple con sus funciones y el Estado ha generado corrupción en la adquisición de herramientas y retrasa su responsabilidad en la dotación de datos móviles, cargadores solares y reducción de brechas de conectividad”, aseveró.

Llegará el momento de evaluar, puntualizó. “La norma que regula el trabajo remoto establece que la evaluación debe desarrollarse a fin de año, y ahí nosotros precisaremos quienes de estos agentes que han participado en este proceso cumplieron con su rol.  Por lo pronto, padres de familias y docentes tienen una nota aprobatoria, el Estado esta desaprobado, pero hay tiempo todavía por rectificar”, afirmó.

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