RCR, 04 de abril de 2024.- El abogado penalista Aaron Alemán, dijo que la situación de la presidenta Dina Boluarte se va a complicar cada vez más por sus contradicciones y la imposibilidad de justificar su incremento patrimonial de 600 mil dólares desde que asumió el cargo. Señaló que la presidenta Dina Boluarte podría ser condenada hasta con 15 años de pena privativa de la libertad si se prueba que cometió el delito de enriquecimiento ilícito.
“Es bastante complicado lo que se le avecina la mandataria, porque han existido contradicciones internas y externas de sus anteriores declaraciones, no solo ante la opinión pública, sino inclusive ante la sede fiscal. Esta reprogramación de su declaración se llevó a cabo a partir de una solicitud de expresa que esta dirigió al ministerio público en atención una recargada agenda de actividades”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Declaró que en este caso no es tan sencillo archivar la presión de causa. “Si bien es cierto podría dar una versión, si es que no se acoge a su derecho a guardar silencio, lo que no va a poder dar cuenta es como este ingreso de este patrimonio de 600 mil dólares justamente ha podido darse dentro de este periodo en el cual precisamente es presidenta de nuestro país”, indicó.
“Este incremento de patrimonio no podría estar amparado en una actividad lícita, justamente empresarial o económica, que le haya permitido tener capacidad de gasto y también generación de riquezas. Y, si no lo va a poder justificar claramente este indicio probatorio del desbalance patrimonial y evidentemente este enriquecimiento ilícito ya estaría desde mi punto de vista acreditado”, expresó.
Remarcó que la presidenta Dina Boluarte, en su calidad de alta funcionaria pública, el artículo 401 indica que la pena puede ser hasta inclusive de 15 años de pena privativa de libertad, sin perjuicio de la inhabilitación correspondiente, dentro del articulado normativo correspondiente también.
“El artículo 401 del Código Penal establece los indicios que podrían vincular a esta persona en concreto con un escenario delictivo de enriquecimiento ilícito, porque no hay en este caso posibilidad de justificar el patrimonio o el incremento del patrimonio por parte de la mandataria y por consiguiente este indicio grave inclusive se ve respaldado por un informe de la UIF, que ha analizado información desde el año 2016 hasta el año 2022 y ha evidenciado un desbalance patrimonial”, afirmó.
Explicó que, si los Rolex fueron un regalo del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, existiría la comisión presunta el delito de colusión simple y/o agravada. “Lo trazable acá es identificar dos cosas puntuales. En primer lugar, si este fondo patrimonial proviene de arcas que están justificadas por el que está obsequiando estas joyas. En segundo evidenciar cuál sería el motivo o circunstancias por las cuales se ha llevado a cabo este obsequio, para ver si está conectado a una contratación pública y ahí estaríamos ante una actividad criminal de corrupción de funcionarios públicos”, precisó.
“Desde mi punto de vista tendría que llevarse a cabo la investigación respectiva, porque dado el marco temporal, en los cuales han ocurrido los hechos del presente caso, existen indicios graves de que el destino de estos fondos no da solo para un incremento patrimonial no justificado, sino que este estaría vinculado a actividades de corrupción de funcionarios y en particular de colusión simple, siempre y cuando se detecte quién sería el tercero que estaría vinculado a esta actividad criminal, en la cual también sería parte de la misma, el gobernador regional de Ayacucho”, subrayó.
