RCR , 05 de Marzo del 2021 – Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia de la República y al Congreso por el N°2 por el partido Fuerza Popular, señaló que, si se comprueba que las vacunas de Sinopharm tienen una baja efectividad, su compra sería un delito grave y se tendría que sancionar a los responsables. También enfatizó que el gobierno de Francisco Sagasti debe considerar la decisión de que el sector privado pueda importar vacunas para reactivar la economía en crisis.
“Si esto se comprobara esto sería un delito, si sabían que las vacunas tenían tan poca eficacia para la salud de las personas. Esto significaría una investigación de quienes tomaron esa decisión y haber cerrado filas con esa vacuna Sinopharm. Lo que se esta pidiendo al presidente Sagasti es que considere la decisión de que los privados puedan conseguir las vacunas para sus trabajadores y aliviar al Gobierno de la tarea de vacunar a los peruanos en general. De comprobarse esta denuncia grave, las investigaciones y sanciones por este delito tendrían que recaer en los responsables”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“Las vacunas son fundamentales, no es un tema político, porque a partir de la vacuna vamos a reactivar la economía. En estos momentos al Gobierno se le ha escapado de las manos la posibilidad de comprar masivamente las pruebas moleculares, tener la data exacta y hacer el seguimiento de los casos de personas contagiadas. En el gobierno de Vizcarra se han comprado más de 22 millones de pruebas rápidas que no sirven y en el gobierno de Sagasti se siguen comprando pruebas rápidas”, remarcó.
Subrayó que el plan económico de Fuerza Popular se basa en dos ejes fundamentales. “El primero es la generación de empleo masivo en todo el Perú con el trabajo comunitario y con los pagos y beneficios sociales que correspondan. A largo y mediano plazo estamos planteando la reforma del sistema tributario, el sistema financiero, el sistema de salud y el sistema previsional”, indicó.
“En el sistema previsional hay dos sistemas la ONP y la AFP y estamos planteando una tercera alternativa que es la pensión por consumo. Eso significa que las personas que a lo largo de la vida laboral hacen compras donde se paga el IGV y que a partir de ese consumo y una parte de ese impuesto constituya un fondo individual que puede llegar a 192 mil soles al término de la vida útil. Esto daría una pensión a las personas al termino de su vida útil. Ahora tendríamos que exigir boletas para incentivar a la formalización de manera amigable”, precisó.
Respecto el compromiso de Verónika Mendoza de cancelar Tía María, dijo que es un planteamiento de izquierda radical. “Nosotros estamos convencidos en Fuerza Popular que uno de los pilares fundamentales de la economía es la minería. Nosotros tenemos respeto a los proyectos mineros y a la población. En nuestro plan ‘Rescate 2021’ estamos estableciendo que vamos a llegar con base en el diálogo a convencer a las personas que lo mejor es llegar al desarrollo de la zona, el respeto al agua y al ambiente, haciendo énfasis en que estos proyectos mineros traen trabajo a la zona y desarrollo para el país”, destacó.
“En el Congreso declaran de interés la creación de distritos cuyo funcionamiento es inviable y son presupuestos a partir de recursos propios. Hay 600 municipalidades que no cobran impuesto predial, porque hay poca idoneidad en los funcionarios. Estamos convencidos de que hay que optimizar los gastos del Estado, evitar los gastos superfluos en gobiernos regionales, mejorar la capacidad de gestión. En Lima salud y educación siguen a la deriva, porque la Municipalidad de Lima no lo hace bien”, afirmó.
También aseveró que se fortalecerá a la Contraloría General de la República para combatir a la corrupción en los gobiernos regionales y en los municipios. “Vemos a gobernadores regionales investigados y presos, vemos a alcaldes que son líderes de bandas de traficantes de tierras, tenemos aventureros que ha llegado al sillón municipal para tentar suerte y no saben qué hacer y no tienen capacidad de gestión. Tenemos alcaldes detenidos y Contraloría nunca dijo nada. Los órganos de control descentralizados son pagados por el propio gobierno local y regional. Esto tiene que cambiar. Vamos a plantear el fortalecimiento de la Contraloría y que las compras sean públicas”, observó.
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