RCR, 26 de septiembre de 2026.– El Bosque de Protección Alto Mayo, un área natural protegida ubicada en la región San Martín, pierde terreno frente al avance constante de colonos e inmigrantes que ocupan ilegalmente sus tierras. Así lo advierte el ecologista David Landa, integrante del colectivo Moyobamba 500 años, quien sostiene que la protección legal no se traduce en una defensa efectiva del ecosistema.

“El Bosque de Protección Alto Mayo es un área natural protegida en el papel y desprotegida en la práctica, porque siguen entrando los colonos y los inmigrantes. Como me decía un investigador amazónico, el ingeniero Wilson Becerra, había que tener mucho cuidado en no satanizar totalmente a los inmigrantes, sino demandar a las autoridades qué están haciendo para desestimular o frenar la depredación de los bosques”, expresó Landa en la secuencia Reflexiones Amazónicas en Red de Comunicación Regional (RCR).

Landa extendió su preocupación a otros espacios de la Amazonía peruana. Mencionó el entorno de la Cordillera Azul y las áreas de conservación, donde también observa problemas de protección. El problema está relacionado con la falta de una planificación territorial que determine con claridad los usos y restricciones de cada zona

“No se ha entendido todavía que el ordenamiento del territorio, basado en este diagnóstico territorial que es la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) es el tema paraguas del que se desprende todo lo demás: la aplicación hidroenergética, el establecimiento de caminos y de Áreas Naturales Protegidas. Estas áreas se protegen no porque se quiera proteger, sino porque el suelo tiene condiciones no aptas para la agricultura o un gran contenido de biodiversidad, como es el caso del Bosque de protección Alto Mayo”, aseveró.

Landa explicó que la Zonificación Ecológica Económica es el proyecto más importante para ordenar el territorio y luchar contra la pobreza. Se trata de un instrumento previo para definir las actividades que pueden desarrollarse en cada territorio. Recordó que San Martín fue una región pionera en esta herramienta y cuestionó que, pese a su importancia, haya perdido espacio dentro de la agenda de planificación ambiental.

Hay faltas de control

La situación del Bosque de protección Alto Mayo también refleja fallas en la gestión de las instituciones encargadas de proteger estas áreas. “Los responsables institucionales o de ONGs, cooperantes que trabajan con los responsables, no están haciendo su tarea”, afirmó.

El ecologista recordó que la legislación contempla sanciones específicas para la deforestación dentro de áreas protegidas. En ese sentido, explicó que el Código Penal establece un tratamiento agravado cuando la afectación ocurre dentro de un territorio legalmente protegido y sostuvo que el problema también radica en la capacidad para identificar y controlar a quienes intervienen esas zonas.

“Hay un delito ambiental agravado, es en el 310, cuando esta deforestación se hace en áreas legalmente protegidas y ahí la pena va de 8 a 10 años de prisión. Si hubiese alguna afección punitiva mayor, como una muerte o lo que sea, desacato a la autoridad, el tema se agrada más aún, pudiendo llegar a 12 años de prisión efectiva”, manifestó.

La expansión agrícola

Landa cuestionó además que determinados incentivos económicos vinculados, por ejemplo, a la producción de café puedan generar efectos contrarios a la conservación si no están acompañados de mecanismos estrictos de control territorial.

“El agricultor, el inmigrante, el que se ha posicionado ilegalmente, su lógica es simple: ‘me están pagando tanto por el café que yo tengo, entonces voy a ampliar mi frontera agrícola un poquito más, voy a tumbar un poco más de bosque para sembrar más café, porque me van a dar más plata para el café”, sostuvo.

Frente a ese escenario, propuso utilizar los recursos destinados a la conservación para identificar con precisión a quienes ocupan actualmente el bosque y establecer límites verificables. “Yo creo que todo ese dinero hay que utilizarlos para hacer un catastro de la intervención”, planteó.

Como parte de esa estrategia, Landa consideró necesario combinar el catastro con tecnología de georreferenciación y mecanismos de vigilancia permanente.  “Si no, vamos a seguir perdiendo bosques. Rápidamente te doy una cifra: tenemos 182 mil hectáreas registradas y ahora hay 154 mil hectáreas satelizadas de bosque; ya hemos perdido más de 20,000 Hectáreas.”, concluyó.