Resaltan avances en la mesa de diálogo en provincia de Cotabambas

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Se reunieron representantes del Gobierno, pobladores y minera.

Apurímac, set. 9. El diálogo entre el Gobierno, representantes de los pobladores de Cotabambas, región Apurímac, y la minera MMG comienza a cobrar impulso. Tras dos días de reuniones celebradas el miércoles 7 y jueves 8, se aprobó el reglamento que regirá el proceso de diálogo, se informó.

El Estado presentó un balance sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos. Al respecto los dirigentes, han pedido al Ejecutivo que declare de interés nacional el desarrollo de esta provincia donde el 88 por ciento de sus habitantes viven en situación de pobreza.

La próxima cita está programada para el 6 y 7 de octubre donde se abordarán las preocupaciones ambientales y la responsabilidad social empresarial, cumpliendo con el cronograma de la mesa que tiene 180 días para llegar a acuerdos que ayuden a promover el desarrollo integral de Cotabambas, provincia que espera poder beneficiarse de la mayor inversión minera en la historia del país.

“Hemos pedido al Estado que declare de interés nacional el desarrollo de la provincia de Cotabambas”, afirmó Rodolfo Abarca, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Cotabambas.

“No contamos con servicios básicos. Necesitamos proyectos de gran envergadura en agricultura, educación, salud para tener un futuro mejor”, comentó Virginia Pinares, presidenta del Comité de Lucha de Cotabambas.

En el eje ambiental, la sociedad civil reiteró la necesidad de contar con una opinión técnica sobre las cinco modificaciones realizadas al proyecto en un lapso de 20 meses a su Estudio de Impacto Ambiental.

Además, demandaron el asfaltado de la carretera por la que transitan casi 300 camiones diarios transportando el mineral.

“En el eje de responsabilidad social, el Ministerio de Energía y Minas presentó la agenda de trabajo aprobada al inicio del proceso sobre la cual no ha habido avances”, remarcó Ana Leiva, directora de CooperAcción.

Frente a ello, la sociedad civil planteó que se incluyera un aporte social como parte de un convenio marco, en vista de que la minera no pagará impuestos hasta por lo menos el año 2022.

Asimismo, explica Leiva, se pidió que la minera cumpla con los principios de responsabilidad social y ambiental del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y de la Cámara China de Minería, Metálicos y Químicos.

La viceministra de Derechos Humanos, Guisella Vignolo, se mostró dispuesta durante la reunión a mejorar las condiciones de vida de las familias afectadas por la violencia y se comprometió a realizar una evaluación de su situación.

Hasta el momento, la única ayuda que se les ha prometido a estas familias es un fondo de 850 soles mensuales durante dos años, además de trasladar sus casos ante el Consejo Nacional de Reparaciones para que pudieran recibir una pensión.

A las reuniones celebradas durante estos dos días asistieron el viceministro de Energía y Minas, Guillermo Shino; el viceministro de Políticas Agrarias, Juan Carlos Gonzales; y la viceministra de Derechos Humanos quienes estuvieron acompañados por 21 funcionarios del Gobierno central.

Este proceso de diálogo, heredado del gobierno de Ollanta Humala, cuenta con novedades: se asegura la participación de un traductor de quechua que pueda facilitar las comunicaciones.

Además, se contará con un facilitador, que será designado por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM que propiciará un “diálogo horizontal y la construcción de consensos”.

La Mesa de Diálogo será presidida por el Ministerio de Energía y Minas, y estará integrada por 10 representantes del Gobierno nacional, uno del gobierno regional, y seis miembros del gobierno local. Es decir, habrá 17 representantes del Estado, 30 personas de la sociedad civil y cuatro miembros de la empresa MMG.

Experiencias en mesas de diálogo anteriores han mostrado que la dificultad no solo subyace en alcanzar acuerdos, sino en que se cumplan en plazos razonables; por ello, los equipos negociadores han acordado la creación de un comité, integrado por representantes estatales, de la sociedad civil y de la empresa minera, que dé seguimiento a los acuerdos.

Las próximas reuniones están programadas para el 6 y 7 de octubre y para el 20 y 21 de octubre donde se abordará los ejes de de derechos humanos y desarrollo sostenible.

Fuente: Andina