- El exviceministro de Energía destacó que el proyecto demandará una inversión de US$ 500 millones, permitiendo descentralizar el acceso a este combustible más económico y limpio.
RCR, 17 de noviembre de 2026.- La ampliación de la distribución de gas natural hacia siete regiones del interior del país no solo representará un alivio económico directo para 300 mil familias de más de 15 localidades, sino que consolidará la seguridad energética del Perú. Así lo aseguró el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, quien subrayó la urgencia de descentralizar este recurso frente a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.
Gamio enfatizó que el impacto social y territorial de esta iniciativa —que demandará una inversión estimada de US$ 500 millones para llegar a Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali— permitirá corregir la histórica centralización del servicio.
“Lo importante es que 300 mil familias puedan ser beneficiadas. Esto puede llegar a duplicar la cantidad de usuarios del gas natural en el Perú, pero ya no únicamente en Lima Metropolitana, donde hoy se concentra el 80% de los usuarios, sino avanzar hacia una configuración nacional de los beneficios de un combustible mucho más barato y ambientalmente más saludable que los derivados líquidos, como el diésel”, afirmó.
Del mismo modo manifestó que la seguridad energética que brinda el gas natural cobra especial relevancia en un escenario global marcado por los conflictos entre Rusia y Ucrania, así como la guerra de Irán, que han provocado el cierre del Estrecho de Ormuz y elevado el barril de petróleo hasta los 100 dólares, encareciendo productos básicos y esenciales.
Explicó que frente a este panorama, la masificación funcionará como un mecanismo de protección para la economía local porque permitirá reducir hasta en un 50% los gastos destinados a la cocina y al calentamiento de agua (termas), un servicio indispensable en las ciudades andinas.
Apuntó que otros de los beneficios será la generación de un efecto multiplicador en el comercio, la pequeña industria y el transporte —siguiendo ejemplos como el de Cusco, donde ya operan 5.000 vehículos a gas natural con solo dos estaciones—.
“Es un escudo de protección extraordinario en momentos en que el mundo vive una crisis de altos precios del petróleo y sus derivados”, sostuvo Gamio a RCR.
La adenda como alternativa tras tres licitaciones fallidas
Respecto a la viabilidad del proyecto, el exviceministro recordó que entre 2013 y 2021 el Estado convocó hasta tres procesos de licitación (incluyendo esfuerzos de Proinversión y el cofinanciamiento de conexiones a través del FISE) que quedaron desiertos por falta de un mercado atractivo para la inversión privada.
Ante esos antecedentes, señaló que la adenda propuesta por Cálidda en 2023 para modificar su contrato de concesión en Lima y Callao se presenta como la alternativa concreta para ejecutar la obra. El mecanismo plantea lo siguiente:
Financiamiento solidario: Los usuarios de Lima aportarían mediante un ajuste menor a S/ 0,50 en su tarifa actual.
Tarifa equitativa: Los nuevos usuarios en regiones —cuya demanda conjunta equivale a la del distrito de San Juan de Lurigancho— pagarían el mismo precio regulado que en la capital.
Fiscalización: La supervisión del organismo regulador deberá garantizar la ejecución de las inversiones y el cumplimiento de las metas.
Finalmente, Gamio resaltó el valor descentralizador de la medida para el desarrollo del país. “Creo que vamos a demostrar que Lima no es el Perú y vamos a generar oportunidades a los peruanos que viven en esas 15 localidades”, concluyó.
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