RCR, 25 de agosto de 2020.– Lucio Castro Chipana, secretario del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), sostuvo que, si el Congreso aprueba un proyecto de ley para que los asociados de la Derrama Magisterial puedan retirar sus aportes, sería un acto inconstitucional y atentatorio contra todas las leyes que protegen a las empresas privadas.

“Eso es un hecho impracticable y máxime si tienes en cuenta adicionalmente que estás ante una institución definitivamente de carácter privado, es una persona jurídica de derecho privado, una empresa privada, que en aplicación a los artículos constitucionales de libertad para asociarse y libertad para contratación hace que el Estado no pueda intervenir en ella. Entonces, lo que sucedería es un legicidio, lo que sería es simplemente un acto inconstitucional”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

“Por eso es que hemos dicho a los congresistas de la República, a quienes respaldamos por el apoyo que nos brindan en otros puntos de la plataforma programática o de emergencia del magisterio, que reflexionen, que piensen bien o en su defecto que deriven el proyecto a la Comisión de Educación del Congreso para que ellos emitan una opinión técnica y especializada y tomen una decisión más asertiva”, indicó.

Explicó que “en la Derrama Magisterial hay 260 mil afiliados y el universo del Magisterio involucra más o menos a 400 mil”. “La lógica del sindicato es siempre plantear la defensa cerrada de los derechos de los trabajadores, incluso buscar ampliar esos derechos. En lo que corresponde a la Derrama Magisterial, lo innegable es que los proyectos de ley, que están planteados en el Congreso de la República, no buscan el beneficio de todo el sector de trabajadores y tampoco buscan el beneficio de los afiliados, sino el perjuicio”, precisó.

“Cuando una norma legal se emite, es para beneficiar a todos los que forman parte de ese sector, en este caso educación, pero si uno tiene en cuenta, por ejemplo, que hay más de 100 mil profesores que están con el título esperando contratación o nombramiento, ellos no van a recibir ni un solo sol de la pretendida devolución de aportes que están contenidos en los proyectos”, señaló.

Agregó que, si nos referimos a los maestros cesantes y jubilados, que son más de 30 mil, no van a recibir un solo sol de la devolución de aportes y que igual situación se presenta para los maestros contratados, que son 150 mil, apuntó. “Si tenemos en cuenta que aproximadamente 160 mil maestros fueron atendidos por la institución vía créditos, lo que sucedería, en el supuesto negado que se apruebe esa ley, es que los docentes tendrían que devolver los créditos que recibieron para generar liquidez y devolver fondos o aportes”, advirtió.