RCR, 25 de Marzo 2021 .- Arturo Granados, vocero del Ministerio de Salud (Minsa), sostuvo que la Procuraduría del Ministerio de Salud ha emprendido las investigaciones para denunciar a nueve personas, entre alcaldes, funcionarios del Gobierno Regional de Loreto (GORE) y sus familiares, que se aplicaron de manera irregular vacunas de Pfizer, pese a que estaban destinadas para los adultos mayores de 70 años.
“El Ministerio de Salud está constituyendo una misión especial conformada por representantes de la Superintendencia Nacional de Salud, la Dirección Nacional de Inmunizaciones y de la Dirección General de Operaciones de Servicios de Salud, para verificar quiénes se han vacunado indebidamente. Asimismo, se está oficiando a la Contraloría para que tome una acción inmediata. También hemos instruido a nuestro procurador para que inicie las demandas a las autoridades implicadas para que no vuelva a ocurrir”, dijo.
Enfatizó que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha pedido a la Procuraduría del sector denunciar el hecho. “Nosotros ya hemos instruido a la Procuraduría, que tiene que evaluar los hechos en términos de documentación y después iniciar un proceso. El ministro de Salud ya ha hecho una comunicación formal de que tiene que hacer una instrucción para que la Procuraduría pueda activarse”, remarcó a través de RCR, Red de Comunicación Regional.
Explicó que hay varios niveles de responsabilidad que se tienen que deslindar. “En primer lugar, hay una responsabilidad gravísima de las personas que no formando parte de esta etapa de la vacunación. Si son autoridades, la falta es mayor porque tienen que dar el ejemplo y han vulnerado el derecho de adultos mayores de 80 años y es un hecho condenable. Hay algunos funcionarios del gobierno regional que han hecho lo mismo y la procuraduría está individualizando esas responsabilidades y solicitar las sanciones”, precisó.
Señaló que el gobierno regional tiene que asumir las responsabilidades que le corresponde y no puede lavarse las manos. “Esto es una falta grave que implica que el gobierno regional tenga que responder sobre eso. En primer lugar, está el derecho de los adultos mayores. La autoridad regional tiene que poner las barbas en remojo, tiene que actuar de manera proba y tiene que darnos la garantía de que la vacunación a los grupos de población se cumpla estrictamente. El gobierno regional tiene que dar las señales claras que garantice eso no vuelva a ocurrir en Loreto y destituir a los funcionarios responsables”, indicó.
“No es posible que en ningún lugar que se vacunen a personas que no estén priorizadas en el plan nacional de vacunación. Eso es un aspecto sobre el cual el Ministerio de Salud lo ha manifestado para que se cumpla el orden que se ha establecido, que obedece a criterios de vulnerabilidad. El primer grupo son los mayores de 80 años, de modo que saltarse la cola es un hecho condenable y eso algo que las autoridades regionales tienen que tomar cartas en el asunto”, manifestó.
Remarcó que lo sucedido es una vulneración de las reglas de la vacunación, que señala que hay un padrón nominal de beneficiarios, pero también padrones por población. “En el caso de las avanzadas en las regiones y cada región tiene un padrón nominal para hacer que se respete a un orden, porque vivimos en escenario de restricción de la vacuna. Por tanto, las personas que se han saltado la cola, lo sabían y eso más grave todavía”, subrayó.
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