RCR, 07 de Diciembre 2021 .- Abraham García, adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, señalo que el informe “Supervisión al poder ejecutivo en relación con la libertad de prensa” ha concluido que el presidente Pedro Castillo ha vulnerado en sus primeros 120 días de gobierno los estándares internacionales sobre las libertades de expresión e información. Precisó que se ha recomendado al Ejecutivo garantizar esos derechos que son pilares de la democracia.
“Nosotros apreciamos estos escenarios de hostilidad, de agresiones, con la finalidad de que puedan corregirse de la manera más inmediata y la prensa pueda desarrollar su tarea de dar a conocer a la ciudadanía hechos de relevancia pública en términos de la mayor pluralidad. Es importante recordar que este estándar de prevención de la violencia contra los periodistas establece obligaciones concretas”, dijo a través de Re de Comunicación Regional (RCR).
Manifestó que el Gobierno ha mostrado una renuencia, una omisión, a no dar declaraciones o conferencias de prensa. “Eso no solo es una posición especifica de una situación de un Gobierno, sino que termina lesionando el derecho de la ciudadanía a conocer. La preocupación de la Defensoría es la de promover los mayores alcances de la libertad de expresión e información. Este derecho no solo es comunicar, sino el derecho de la ciudadanía a conocer y se necesita un mayor escrutinio público”, indicó.
“Es importante establecer una diferencia entre la campaña electoral que ha terminado y los deberes como gobierno respecto al Estado. Los altos funcionarios del Estado ya no están en campaña electoral y tienen que actuar en consonancia con sus obligaciones que el Estado tiene, tanto en términos constitucionales como las garantías de libertad de expresión y de información”, observó.
Señaló que, de acuerdo a los estándares internacionales, el Estado debe producir información, debe buscar la transparencia. “Un estándar importante es el primero y tiene que ver con la garantía de la libertad de expresión como fundamento de toda democracia. Esto es una idea que se ha desarrollado y tiene que ver con la necesidad de que la sociedad, la ciudadanía, el pueblo se encuentre debidamente informada de aquellos actos que son de relevancia pública, para que pueda tener una opinión fundamentada”, subrayó.
Enfatizó que han recomendado al Ejecutivo adoptar las medidas concretas de protección a periodistas, capacitar a las fuerzas de seguridad en el respeto a la libertad de expresión, mantener estadísticas precisas sobre la violencia a periodistas y sancionar jurídicamente contra periodistas y medios de comunicación.
“Lo que busca este informe de supervisión, como lo que busca la actuación constitucional de la Defensoría del Pueblo, es indicar aquellas situaciones en las cuales hemos observado lesiones a derechos fundamentales para que puedan ser corregidas y superadas por las entidades estatales infractoras”, remarcó.
Precisó que la Defensoría ha hecho una supervisión a los primeros 120 días de gobierno de Pedro Castillo en su relación con la libertad de prensa. “Sobre a base de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las experiencias de la Relatoría para la Libertad de Expresión y del Tribunal Constitucional, hemos podido identificar un conjunto de estándares, que son aquellos criterios que desarrollan exigencias de la libertad de expresión y de información”, explicó.
Independencia de medios de comunicación públicos
También dijo que existe otro estándar identificado como la independencia de los medios de comunicación públicos. “Por ejemplo, donde se busca establecer que no haya injerencia de parte del Gobierno, porque sino sería irrealizable la difusión de hechos noticiosos con este carácter plural. En términos latinoamericanos, las libertades de expresión e información son pilares de la democracia y por eso deben tener una protección especial y reforzada”, dijo.
En ese sentido, explicó que la Defensoría del Pueblo presentaría un proyecto de ley para dotar de mayor autonomía al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), con la finalidad de que pueda cumplir con el estándar de independencia de los medios de comunicación públicos, buscando que la transmisión de hechos noticiosos sea objetivos, críticos y plurales.
“La propuesta legislativa va en la línea de fortalecer la autonomía de este instituto y este fortalecimiento tiene matices en los planos legislativo y normativo, la composición del consejo directivo de esta entidad y las garantías para que ese consejo pueda actuar con independencia y autonomía”, expresó.
Informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que debe haber una garantía de independencia y pluralidad de los medios de comunicación por parte del Estado. “Se debe garantizar la independencia y la libertad editorial y proporcionar de la manera más adecuada el pluralismo, porque el pluralismo permite establecer diferenciaciones entre hechos objetivos, críticos y plurales”, apuntó.
Anunció que este informe va a ser difundido a diversas instituciones de derechos humanos y de libertad de expresión e información para que sea tomado en cuanta en sus informes. “La Relatoría para la Libertad de Expresión tiene informes que realiza sobre la supervisión sobre diferentes países y sería importante que tenga esta información para el desarrollo de sus investigaciones y recomendaciones”, afirmó.
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