RCR, 04 de Febrero 2022 .- Erika Anchante, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, señaló que el premier Héctor Valer y varios ministros de su gabinete no pueden seguir en sus cargos, debido a que mantienen acusaciones de violencia familiar o niegan la diversidad sexual. Señaló que el presidente Pedro Castillo debería evaluar mejor la elección de sus funcionarios.

“En caso de los ministros que mantienen acusaciones de violencia familiar contra mujeres, niñas, niños, y adolescentes, o que niegan la diversidad sexual, la Defensoría del Pueblo ha determinado que no pueden continuar en el cargo. El presidente de la República debería evaluar mejor la forma en la cual está designando a los funcionarios”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que si bien es una facultad que tiene el presidente de la República de elegir quienes son las personas que se harán cargo de los diversos sectores del Estado, sin embargo, es necesario que se tengan en cuenta diversos parámetros y requisitos que existen para poder realizar esas designaciones.

“Los parámetros, aparte de constitucionales, pasan también por una serie de normas. No solamente es la Constitución, sino que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para que sean servidores públicos, tienen que estar preparados en gestión pública y no solo eso, sino que cada sector tiene ciertos requisitos y debe tener cierta experiencia para asumir el sector que se le va a dar a cargo”, indicó.

Manifestó que, en el caso, por ejemplo, de las denuncias sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, es una problemática que viene azotando a nuestro país y no queda claro cuál va a ser la garantía para que se continúe en está en esta lucha contra este flagelo.

Remarcó que la Defensoría del Pueblo ya ha emitido un pronunciamiento el jueves 3 de febrero, en el cual ha sentado cuál es su posición. “El defensor del pueblo ha sido también sumamente enfático en el tema de los requisitos que deben existir y los parámetros para la designación de funcionarios”, apuntó.

“Desde la Defensoría del Pueblo nosotros no emitimos opiniones respecto a los temas políticos. Nosotros lo que hacemos es garantizar y verificar que los derechos de los ciudadanos se cumplan. En este caso el pronunciamiento que se ha emitido de la Defensoría del Pueblo es en defensa y en salvaguarda de los derechos de los ciudadanos a estar representados y que haya funcionarios idóneos en los puestos estatales”, subrayó.