· El avance del crimen organizado y la minería ilegal en Hualgayoc, Chugur, Sinchao y El Tingo pone en riesgo la seguridad de la población y amenaza con transformar a la región en un nuevo Pataz.
RCR, 27 de octubre 2026.- Las mafias de la minería ilegal y el crimen organizado avanzan sin freno en Cajamarca, invadiendo concesiones mineras legales y desatando una ola de inseguridad y extorsión. Así lo advirtió Karina Garay, vocera del Observatorio de la Minería Ilegal, quien señaló que este avance criminal puede frenar en el futuro cercano a los proyectos formales en zonas críticas como Hualgayoc, Bambamarca, Chugur, El Tingo y Sinchao.
«Estas organizaciones vienen generando violencia. Se convierte en un círculo que ya no solo amenaza los recursos naturales y el medio ambiente, sino a la propia ciudadanía. Es indispensable que el Estado actúe: es mejor tener mineros formales y responsables, que cumplan estándares ambientales y laborales, a dejar espacios vacíos que sean ocupados por la ilegalidad sin ningún tipo de control», afirmó Garay a Red de Comunicación Regional (RCR)
La especialista alertó que localidades como Hualgayoc, Chugur, Sinchao y El Tingo corren el riesgo de replicar la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa Pataz (La Libertad), donde el tráfico de armas, la extorsión y la explotación ilegal socavan la paz social.
A este panorama se suma el impacto ambiental y sanitario por el uso de insumos altamente tóxicos como el mercurio y el cianuro en la minería de socavón, los cuales ya reflejan altos niveles de contaminación por metales pesados en los ríos y en la salud de la población cajamarquina.
Ante esta situación, Garay instó al Ejecutivo y al Ministerio Público —a través de sus fiscalías especializadas en crimen organizado— a implementar una estrategia eficaz que desarticule a las bandas criminales que operan en la zona, entre ellas «Los Pulpos», para llegar a los cabecillas sin exponer a las comunidades.
Ley MAPE: Una oportunidad para la formalización y el control
Finalmente, la vocera destacó las ventajas del proyecto de Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) como un instrumento clave para formalizar a los pequeños mineros que realmente buscan cumplir la norma y frenar el avance de la minería ilegal. Entre las principales iniciativas de esta propuesta, Garay resaltó el destierro definitivo del uso del mercurio en las actividades extractivas, así como la exigencia de una estricta trazabilidad del oro.
Asimismo, subrayó la importancia de establecer un control riguroso sobre las plantas de procesamiento donde se transforma el mineral antes de ser exportado. Para la especialista, el éxito de la norma dependerá de que se continúe con la purga de aquellos operadores que han incumplido reiteradamente los requisitos legales, garantizando su retiro definitivo del registro oficial.
