RCR, 03 de Febrero 2022 .-Lisette Vásquez Noblecilla, adjunta para el Medio Ambiente Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, anunció que la Defensoría del Pueblo lamenta que el presidente Pedro Castillo haya designado como ministro del Ambiente a Wilber Supo Quisocala, debido a que no está preparado ni tiene el liderazgo para enfrentar el desastre ambiental causado por el derrame de petróleo en Ventanilla.
“Estamos en una situación ambiental bastante compleja. En estos momentos enfrentamos un desastre ambiental de terrible magnitud en nuestro litoral por el derrame que ha ocurrido en Ventanilla el pasado 15 de enero. Han pasado 20 días y para enfrentar este desastre ambiental se requiere el liderazgo del ministro del ambiente, se tiene una agenda muy complicada y se necesita efectividad de un liderazgo de sector”, dijo.
Señaló que este no es el único problema ambiental que enfrenta nuestro país. “En el Perú existe una gran cantidad de aspectos que requieren ser abordados de manera decidida por el sector ambiental y desde luego quien tenga el liderazgo este sector tiene un rol clave en esta materia”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Enfatizó que el tema ambiental debe ser una prioridad para el estado y el ministro del Ambiente tiene que ser una persona que cuente con una formación y la experiencia necesaria para estar a cargo de esta gran responsabilidad que significa enfrentar esos terribles problemas, dar solución y cautelar el derecho de todos los peruanos y peruanas a vivir en un ambiente sano.
“Lo que hemos observado desde el inicio de este desastre ambiental es una demora en atender esta materia. Aún no sé culmina con los trabajos de limpieza, los trabajos de contención, el daño ambiental sigue expandiéndose y lo que la Defensoría del Pueblo viene planteando es que ante la demora ineficiencia de la empresa en atender esta problemática el Estado tiene que efectuar medidas concretas”, expresó.
Remarcó que la falta de acción e insuficiencia de las acciones de la empresa no exime al Estado de sus deberes y de sus responsabilidades para atender esta problemática. “La Defensoría del Pueblo ha planteado al Estado peruano que disponga las medidas necesarias, que garanticen una inmediata limpieza contención del hidrocarburo y remediación de las zonas afectadas en el menor tiempo posible”, apuntó.
Además, manifestó que vienen planteando la importancia de atender a las personas afectadas por el cierre de 24 playas. “Por este derrame se han cerrado las actividades económicas que se desarrollaban en estas playas y en consecuencia hay pescadores afectados, personas que se dedicaban a la agricultura, al turismo, al comercio”, afirmó.
Informó que la Defensoría del Pueblo viene invocando al Estado peruano en la necesidad de difundir un reporte diario de las acciones que se vienen realizando, para atender el desastre ambiental y a la población afectada.
“La población tiene derecho a conocer las acciones que viene realizando el Estado, pero esa mayor transparencia que la Defensoría del Pueblo viene solicitando el Estado peruano y a la empresa también va a servir para tomar decisiones en otras instancias. Por ejemplo, por parte de los buenos regionales y locales respecto al avance del impacto ambiental”, subrayó.
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