RCR, 29 de octubre de 2026.– El analista político y especialista en gestión y conflictividad social, Iván Arenas, advirtió que la minería ilegal está construyendo un ecosistema industrial del crimen organizado muy fuerte en Cajamarca con capacidad para ejercer control territorial, penetrar la economía formal y articular redes de abastecimiento, lavado de activos y presuntos vínculos con autoridades e instituciones.

Según Arenas, organizaciones criminales como “Los Pulpos”, procedentes de Pataz, estarían ingresando a distintas localidades cajamarquinas bajo la apariencia de empresarios, con el propósito de captar comunidades y someterlas económicamente. Mencionó entre las zonas afectadas a Hualgayoc, Chugur, El Tingo, Sinchao, Algamarca, Tandayoc y Sorochuco.

“Ya tienen el control territorial, ya han logrado penetrar la impermeabilidad de la economía legal. Hay una cadena de suministros, hay una cadena de lavado de activos muy fuerte, muy potente”, sostuvo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

El especialista explicó que la expansión de esta actividad no depende únicamente de la presencia de operadores mineros, sino de una estructura que comprende proveedores, logística y plantas procesadoras, lo que, a su juicio, evidencia la formación de un ecosistema industrial vinculado a la minería ilegal.

En ese contexto, respaldó la advertencia del fiscal superior Frank Almanza sobre el riesgo de que Cajamarca llegue a enfrentar una situación de criminalidad vinculada a la minería ilegal hasta diez veces mayor que la registrada en Pataz.

“En efecto, estamos en la antesala de que mañana más tarde podamos tener diez veces, a nivel exponencial, lo que tenemos en Pataz”, afirmó.

Arenas indicó que los indicadores de delincuencia y criminalidad en Cajamarca muestran una evolución que, según su análisis, estaría relacionada con la expansión de la minería ilegal y sus actividades conexas. Añadió que también ha realizado evaluaciones sobre esta problemática en Huánuco y Arequipa.

Advierte sobre captación de comunidades y control territorial

Arenas señaló que el avance de estas redes incluiría acuerdos con personas y organizaciones que tienen derechos sobre los terrenos superficiales, entre ellas comunidades y, presuntamente, algunos integrantes de rondas campesinas.

Explicó que el proceso comenzaría con el convencimiento de las poblaciones y podría derivar posteriormente en mecanismos de sometimiento económico y control territorial.

“El convencimiento, el sometimiento, y eso en la práctica ya es el control del territorio. Adicionalmente a eso construyen organizaciones, federaciones, financian esas federaciones, financian a políticos”, declaró.

El analista advirtió que esta estructura podría articular intereses económicos, organizaciones locales y mecanismos de influencia sobre determinadas instituciones y autoridades, lo que dificultaría la oposición a las actividades ilegales.

En ese sentido, sostuvo que las investigaciones deben considerar no solo las operaciones mineras, sino también las posibles conexiones con redes de corrupción y eventuales responsabilidades de funcionarios, policías, jueces y fiscales.

Redes legales y contables facilitarían el lavado de activos

El especialista afirmó que la minería ilegal ha desarrollado mecanismos financieros y profesionales para introducir recursos de origen ilícito en la economía formal, mediante asesorías legales, servicios contables y, presuntamente, notarías que facilitarían estas operaciones.

Como ejemplo, mencionó que durante los últimos seis meses se habrían abierto 32 bufetes tributarios en la región La Libertad, cifra que, según dijo, observó durante una visita reciente a Trujillo y que relacionó con el posible lavado de activos.

“Es una tecnología del delito. Es una industria muy fuerte”, manifestó.

Arenas también advirtió que la expansión de la minería ilegal representa un riesgo para los proyectos mineros formales en distintas regiones del país.

Como ejemplo, mencionó el caso de Apurímac, donde, según indicó, operadores que se presentan como mineros artesanales buscarían adquirir la concesión de una empresa minera de gran tamaño, pese a que desarrollarían actividades en una concesión que no les pertenece.

A su juicio, estas operaciones evidenciarían una capacidad económica y logística que excedería la minería artesanal tradicional.

Asimismo, mencionó el caso de Colquemarca, en el entorno de Chumbivilcas, donde describió un crecimiento de la actividad minera que movilizaría entre 400 y 500 vehículos de distintos tonelajes.

Para Arenas, estos casos reflejan la dimensión económica y operativa que puede alcanzar la minería ilegal, así como los desafíos que representa para las autoridades encargadas de combatirla.

Finalmente, cuestionó el papel del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al considerar que su utilización habría permitido a determinados operadores continuar actividades ilegales y generar presión sobre concesiones y proyectos mineros formales.